El Ministerio Público informó horas atrás que concluyó la investigación en el caso denominado “Golpe de Estado I”, En el que habrían colectado 133 pruebas documentales y 131 pruebas testificales para sustentar la acusación formal en contra de ocho personas, entre ellas el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros, por los conflictos suscitados en octubre y noviembre de 2019.
Según la Fiscalía, entre las 133 pruebas documentales se tienen informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios y respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales.
Además, durante el curso de las investigaciones se habría colectado un total de 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos del año 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados.
Los hechos se registraron el 21 de octubre de 2019, cuando Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, expresidentes cívicos de Santa Cruz y Potosí, respectivamente, “iniciaron los conflictos que derivaron en la quema de los Tribunales Electorales Departamentales en sus ciudades, argumentando un presunto fraude electoral en los comicios presidenciales de ese año y con la agudización de los conflictos en las calles”.
Además, la Fiscalía indica que “se presume que promovieron la salida prematura del expresidente (Evo Morales), vicepresidente (Álvaro García Linera) y sus ministros. (…) bajo la amenaza de dañar a sus familiares, fomentaron la renuncia de los expresidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de esa gestión”.
Los procesados son Jeanine Áñez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca, Marco Antonio Pumari Arriaga, Luis Fernando López Julio, Williams Carlos Kalimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Sergio Carlos Orellana Centellas y Jorge Elmer Fernández Toranzo, “quienes habrían provocado conflictos sociales en Bolivia, que derivaron en la ruptura del orden constitucional para que Jeanine Añez, asuma la presidencia del Estado en noviembre de 2019”.
«La Fiscalía pedirá la pena máxima por el delito mayor que es Terrorismo, es decir 20 años de presidio», aseguró el fiscal del caso, Omar Mejillones.
