El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este lunes que dentro de las denuncias recibidas en contra de Jeanine Añez, el Ministerio Público remitió tres requerimientos acusatorios a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una solicitud de autorización para la activación del juicio de responsabilidades como establece la ley.
“En el marco de las competencias de la Fiscalía General del Estado, de las cuatro proposiciones acusatorias presentadas en contra de Añez por el Ministerio de Justicia, tres fueron remitidas al TSJ y una fue rechazada por falta de argumentos. Los delitos que se investigan son Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Delitos Contra la Salud Pública, Discriminación, entre otros”, dijo Quispe, citado en un boletín de prensa.
Quispe explicó que el primer requerimiento acusatorio se debe a la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contaba con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en virtud a que no se habría cumplido con el procedimiento para la aprobación del crédito y que no siguió el conducto regular.
Añadió que, el segundo requerimiento acusatorio está relacionado con la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, para registro mercantil por 15 años, sin que se haya observado el procedimiento de licitación que establece la Ley N°2196 sobre la otorgación del Registro de Comercio.
El tercer caso tiene que ver con el Decreto Supremo N° 4200, por el que se habría vulnerado la libertad de expresión durante la cuarentena rígida por la pandemia del COVID-19.
“Esta norma criminalizaba las acciones de los individuos que informen falsamente o causen incertidumbre a la población, con el fin de someterlos a cargos penales por Delitos Contra la Salud Pública, Art. 13 – II. ‘Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública’, señalaba la norma”, recordó.
Quispe explicó que el cuarto requerimiento acusatorio fue rechazado por falta de mayores elementos de justificación.
Este se refería a que Añez, en su condición de Presidenta, habría emitido órdenes para que policías, militares y personal de la Dirección de Migración del Estado Plurinacional de Bolivia no permitan el paso de compatriotas desde Chile a Bolivia durante la cuarentena rígida.
