Luego de que se conociera que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió anular varios artículos de la Ley Departamental 98, la cual brinda atribuciones medioambientales al gobierno departamental, instituciones de Santa Cruz se declararon en emergencia y anunciaron que tomarán medidas para revertir esta decisión que afectaría directamente a los acuíferos como al medio ambiente.
En ese sentido, la Gobernación de Santa Cruz convocó a la población “a defender el patrimonio natural ya que con la resolución del TCP se estaría dando vía libre a la construcción de la carretera Las Cruces – Buena Vista.
“El TCP ha emitido una sentencia que arrebata a la Gobernación y así a Santa Cruz la competencia para crear e impulsar políticas en defensa del medio ambiente en el departamento. De este modo la mencionada sentencia pone en manos del centralismo las principales competencias y decisiones que se tomen en Santa Cruz en materia de conservación del medio ambiente”, manifestó, a través de una carta, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Ademas,el asesor de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, denunció que a través del TCP, el Gobierno ha invalidado la ley con la cual ganaron “la guerra del agua contra el Gobierno nacional por la no construcción de la carretera sobre el acuífero”.
“Llama mucho la atención porque es muy conveniente para los intereses, específicamente del Ministro de Obras Públicas que es quien estaba en contra de Santa Cruz, tratando de construir una carretera por encima de un acuífero”, agregó.
Por su parte, en las últimas horas, el Comité Cívico de Santa Cruz, tras llevar a cabo una reunión de emergencia, determinó «declararse en estado de emergencia y convocar a una reunión con instituciones cruceñas para definir medidas ante la Sentencia Constitucional 0076/2023 que merma atribuciones al gobierno departamental en temas medioambientales», reportó El Deber.
