El Gobierno abrogó tres decretos supremos que promovían en el país el uso de la biotecnología. Lo hizo mediante otro decreto supremo, el 4490.
La normativa dispone la abrogación de los decretos 4232, de 7 de mayo 2020; 4238, de 14 de mayo de 2020 y 4348, de 22 de septiembre de 2020. Todos promovían el uso de biotecnología.
El 4232, por ejemplo, autorizaba de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad, establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
El 4348 disponía la identificación de las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología, conforme al Estudio de zonificación para el uso de maíz en Bolivia, realizado por el Instituto Nacional de Innovación.
El gobierno argumentó la abrogación de los decretos señalando que se contraviene el principio de seguridad y soberanía alimentaria y la reserva legal, en cuanto a la producción, importación y comercialización de transgénicos, establecido en la Constitución Política del Estado.
