El Gobierno de Bolivia acusó este martes a su similar de Estados Unidos de cometer “injerencia en asuntos internos” al emitir un “informe unilateral” sobre derecho humanos que no tendría “fundamentos objetivos”.
“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en referencia al Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral que son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Además, la administración del presidente Luis Arce agrega que “Bolivia se adscribe al multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos, en el marco de los tratados y convenios internacionales que ha ratificado sobre la materia”.
En consecuencia, mencionó que se efectuó una serie de visitas de distintas instancias de Derechos Humanos al país, como la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre otras autoridades de organismos multilaterales.
Y como evidencia de ello, Cancillería confirmó que entre el 27 y 30 de marzo visitará el país una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de conocer la situación de los mismos en distintas regiones de Bolivia.
Así, el Ejecutivo boliviano respondió al informe sobre prácticas sobre derecho humanos que el Gobierno de Estados Unidos publicó el lunes y en el cual hace referencia a supuestas vulneraciones basados en reportes de otros organismos como Human Rights Watch.
Dicho informe cuestiona, por ejemplo, la aplicación “generalizada” de la detención preventiva y su prolongación; ya que un gran porcentaje de la población carcelaria se encuentra privada de libertad por esta causa.
“La complejidad de los procedimientos judiciales, el gran número de detenidos, la ineficacia judicial, las injerencias del poder ejecutivo, la corrupción, la escasez de abogados de oficio y los inadecuados mecanismos de seguimiento de casos contribuyeron a retrasos en los juicios que prolongaron la prisión preventiva y mantuvieron recluidos a muchos sospechosos más allá de los límites legales para la celebración de un juicio o la presentación de cargos formales”, dice el informe en su inciso D: “Arrestos o Detención Arbitrarios”
Además, se destaca el caso de Jeanine Áñez, “como ejemplo de los problemas estructurales de la administración de justicia”, puesto que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos habría manifestado varios motivos de preocupación, entre ellos los cargos “excesivamente amplios y ambiguos” presentados durante el juicio y el “uso excesivo de la detención preventiva” en su caso.
Asimismo, en el informe se menciona la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue enviado con detención preventiva a la cárcel de máxima seguridad de La Paz “con una justificación muy frágil», según la organización no gubernamental Human Rights Watch.
El informe se encuantra en este link: https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/bolivia/
