El Gobierno nacional aseguró este lunes que acatará la decisión asumida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de admitir y suspender la aplicación de la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 1613, que autoriza la confiscación de mercadería y así “luchar contra el agio y la especulación”.
La postura fue fijada por el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, luego de hacer pública la decisión del TCP de admitir una demanda de inconstitucionalidad en contra de los parágrafos I y II de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2025.
“No hemos sido notificados oficialmente, pero como Gobierno que respeta la Constitución y las resoluciones de los demás Órganos del Estado, por supuesto que tendremos que acatar. Todavía no sabemos qué es lo que ha resuelto, entiendo que debe ser respecto a la admisión del amparo o el recurso que han presentado las personas que están interesadas sobre este tema”, dijo en declaraciones a la prensa.
El recurso fue presentado por el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana Miguel Roca, quien demandó la inconstitucionalidad de los parágrafos I y II de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2025 -Ley 1613 de 1 enero de 2025.
La disposición establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».
Por lo mismo, varios sectores, aglutinados en el denominado Comité Multisectorial, expresaron su rechazo a este control y demandaron la anulación de la disposición. Y con ese objetivo, anunciaron para el 7 de marzo una marcha desde Patacamaya hasta La Paz, a partir del 18 de marzo. No obstante, durante esta jornada, sus dirigentes decidieron postergar el inicio de la medida para el 24 de marzo y ya no desde Patacamaya, sino desde un punto más cercado a La Paz: la Apacheta.
“Veremos ahora quiénes marchan, ¿no?, quiénes marchan y hasta dónde marchan, y vamos a ver, seguramente, que la agenda de estas personas es simplemente política”, manifestó Silva.
