El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró este lunes que el anteproyecto de Ley N° 547/2024-2025, que plantea suspender temporalmente embargos y ejecuciones judiciales de créditos de vivienda social y diferir por seis meses los pagos de micro y pequeños prestatarios, no comprometerá la estabilidad del sistema financiero boliviano.
En un comunicado oficial, la cartera de Estado recalcó que la iniciativa tiene carácter temporal, específico y focalizado, y aclaró que no implica condonación de deudas ni intervención en los contratos entre prestatarios y entidades financieras.
“Se trata de una disposición responsable y oportuna que busca evitar mayores perjuicios sociales y económicos para las familias y pequeños emprendedores afectados por la crisis”, señala el documento.
Según Economía, el alcance de la medida sería reducido: el diferimiento potencial no superaría el 3% de la cartera total, una cifra muy inferior al 10,4% registrado en 2020, en el punto más crítico de la pandemia. Al 31 de julio de 2025, el saldo de diferimiento apenas alcanza el 1,4%, lo que, en criterio del Gobierno, refleja la sólida cultura de pago de los prestatarios.
El anteproyecto fue presentado en junio por el presidente Luis Arce y actualmente está en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El objetivo —explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro— es brindar un respiro a las familias en riesgo de perder sus viviendas y proteger a las micro y pequeñas unidades productivas, consideradas el motor de la economía nacional.
Montenegro recordó que en los últimos años el país enfrentó bloqueos, fenómenos climáticos y conflictos sociales que golpearon especialmente a los hogares de bajos ingresos y a los pequeños emprendedores. “La intención es dar un alivio temporal a las familias y unidades productivas, no desestabilizar al sistema financiero”, remarcó.
El Gobierno subrayó además que las utilidades del sistema financiero en 2024 superaron los 389 millones de dólares, una cifra histórica que, a su juicio, demuestra la solvencia del sector bancario para acompañar medidas de alivio.
La posición de la banca
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) expresó la pasada semana su preocupación por el proyecto de ley, al advertir que la medida “podría poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero” y restringir la colocación de créditos, afectando el acceso al financiamiento de los sectores más vulnerables.
El gremio aseguró estar dispuesto a atender casos individuales de prestatarios en dificultades, pero pidió a los legisladores evitar la aprobación de disposiciones que, según su criterio, generen distorsiones en el mercado financiero.
Debate en curso
La discusión legislativa de la norma se perfila como uno de los temas económicos más sensibles en la recta final de 2025, en un contexto de tensión entre el Gobierno y la banca privada por la política crediticia y la atención a los sectores más golpeados por la crisis.
(09-09-2025)
