El proyecto de ley enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) garantiza la continuidad del Registro de Comercio y la seguridad jurídica de las empresas en el país, aclaró este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.
«La reactivación del aparato productivo pasa por garantizar la seguridad jurídica de nuestros emprendedores y, por tanto, el Registro de Comercio, que mejor, ahora va a ser manejado y garantizado por el Estado», dijo la autoridad a los periodistas.
Explicó que ese proyecto de ley establece que el Registro de Comercio esté bajo tuición de esta cartera de Estado, tomando en cuenta que la concesión otorgada por 20 años a Fundempresa, para que maneje esa actividad, concluye el 29 de septiembre.
«Mejor si el proyecto de ley puede ser sancionado antes del 29 de septiembre, porque esta ley manda que el Órgano Ejecutivo haga una reglamentación mediante un decreto supremo, y ese decreto supremo va a crear una nueva institucionalidad, que va a ser encargado de Registro de Comercio», indicó.
Detalló que esa nueva institucionalidad tendrá que recibir toda la información actual de Fundempresa; es decir, que se iniciará un proceso de transición y recepción de datos de esa entidad a la nueva institución estatal.
«Se va a establecer un cronograma de transición una vez que (…) se promulgue la ley y después que se emita el decreto supremo, y ese decreto supremo va a estipular el plazo o el periodo de transición que se tiene que ejecutar», señaló.
Enfatizó que al efectuarse el proceso de transición de información, el Gobierno nacional garantiza la seguridad jurídica de las empresas pequeñas, medianas y grandes que operan en el territorio nacional.
«Las empresas comerciales o los unipersonales que tiene registro de Fundempresa se va a dar continuidad y se garantiza su situación legal», insistió.
De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el titular de esta cartera de Estado socializó, la semana pasada, el proyecto de ley en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados.
El gobierno de facto intentó, mediante un Decreto Supremo, ampliar de manera “ilegal” la vigencia de la concesión del Registro de Comercio por 15 años adicionales, hasta el 2036, a favor de Fundempresa, extremo que fue derogado por el Gobierno nacional en diciembre de 2020, recordó Huanca.
