El Gobierno de Luis Arce promulgó este miércoles la Ley 1670, conocida como la «Ley de Diferimiento de Créditos», cerrando formalmente la gestión 2020–2025. La normativa permite a 1,4 millones de prestatarios optar por una suspensión de hasta seis meses en el pago de sus créditos, además de paralizar temporalmente embargos y ejecuciones judiciales vinculadas a deudas de vivienda de interés social y a unidades económicas micro y pequeñas.
La promulgación, largamente solicitada por movimientos sociales, transportistas y microempresarios, se produce en medio de una fuerte oposición de las principales asociaciones financieras del país.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Asofin y Finrural emitieron un comunicado conjunto el 31 de octubre advirtiendo que la medida tendrá consecuencias sistémicas.
Las entidades financieras señalaron que un diferimiento «generalizado y automático» como el aprobado alterará el flujo de recursos del sistema financiero y generará una «reducción significativa de la liquidez». Esto, según los bancos, conlleva el riesgo de que las entidades se vean obligadas a reducir drásticamente la otorgación de nuevos créditos a familias y empresas.
Las asociaciones habían solicitado que cualquier alivio financiero fuera focalizado y respaldado por mecanismos compensatorios para proteger la estabilidad del sistema.
La Ley 1670, con nombre oficial «Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos…», tiene un impacto potencial sobre 1.400.000 prestatarios, cifra que explica la tensión entre la expectativa social y la preocupación de la banca.
Ahora, los bancos deberán establecer los mecanismos para la habilitación de los prestatarios que cumplan las condiciones, y la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) deberá publicar el reglamento correspondiente para la aplicación de la norma.
