El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró el martes que el decreto 5143, reglamentario de la Ley de 15 de noviembre de 1887, tiene el objetivo de “acabar con las mafias en Derechos Reales”, trasparentar y modernizar su servicio y garantizar la propiedad privada.
Esto en respuesta a legisladores del MAS ‘evista’ y de la oposición, quienes cuestionaron el contenido de la norma.
“Esta norma lo que pretende es desbaratar las mafias y organizaciones criminales que han dado lugar a registros falsos, que han coadyuvado a la existencia de avasallamientos y a otras irregularidades que el pueblo boliviano sufre a diario”, afirmó. Además, negó que Derechos Reales pase al Órgano Ejecutivo o que el presidente Luis Arce nombre a “un magistrado” en esa instancia.
Y arguyó que, como establece la Ley de 1887, el artículo cuarto del decreto 5143 “prevé que el Registro de Derechos Reales se queda a cargo del Consejo de la Magistratura, del Órgano Judicial, que, a su vez, deberá designar al director de la entidad”.
Asimismo, Lima negó que el contenido del decreto pretenda afectar el derecho propietario de los bolivianos, como sugirió Evo Morales. Y en cambio, manifestó que el artículo 57 de la Constitución “señala expresamente que en Bolivia la propiedad inmueble urbana no está sujeta a ningún tipo de reversión”.
“Hay una persona que quiere, en este momento, convulsionar al país. Nadie lo está siguiendo, 77% del país no quiere que esa persona siga generando dolor y luto entre el pueblo boliviano. Acá lo que están buscando es una causa para que el pueblo boliviano salga a generar actos de protesta y no lo vamos a permitir, porque es una mentira lo que se está pretendiendo hacer utilizando este decreto supremo”, afirmó en alusión a Evo Morales.
Por último, Lima aseguró que se “mantendrá la norma en el sentido de que solamente busca trasparencia, proteger el derecho de la familia boliviana y que no se utilice mal los recursos”.
