El Gobierno nacional y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron este martes que la disposición séptima del Presupuesto General de la Nación (PGE), que autorizaría la confiscación de mercadería, solo se aplicará cuando sea reglamentado.
Además, dispusieron que la demanda de derogación de la norma debe estar dirigida al Legislativo.
“Hemos tenido una importante reunión con la Confederación de Empresarios Privados. Hemos acordado tres temas muy importantes que tiene que saber la población y sobre todo los sectores que observan esta disposición séptima”, explicó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores,
El primer acuerdo aclaró que “la derogación que los empresarios solicitan de esta disposición” no está en manos del Ejecutivo, sino en la Asamblea Legislativa. “Así que tiene que ser muy clara la solicitud o la posición que pongan estos sectores que observan esta disposición séptima”, dijo.
El segundo punto del acuerdo está relacionado a que, mientras no haya una reglamentación de la disposición séptima no puede ser aplicada, “por lo tanto, no hay porqué tener una susceptibilidad o porqué, en este momento, calentar el ambiente”.
El último punto prevé que los empresarios deben plantear un cronograma, para continuar las reuniones sobre la disposición séptima, que, según el Gobierno, busca luchar contra el agio y la especulación.
“Queremos seguir coordinando para que podamos ver las fechas adecuadas, sobre todo el planteamiento de ellos. Queremos estar abiertos, que ellos vayan planteando las fechas, y no seguir desgastándonos”, agregó Flores.
