El fiscal Gonzalo Chacón informó este jueves que el Ministerio Público presentó una imputación formal en contra de cuatro funcionarios policiales que desempeñaban funciones en 2001, quienes habrían realizado vejámenes y torturas en contra de la banda delincuencial del expolicía Blas Valencia.
“Ha habido vejaciones y torturas en la aprehensión de los autores que han realizado el asalto (…). Hay una persona acusada, imputadas hay cuatro y hay otras que están en investigación”, dijo el fiscal.
Según Chacón, se investiga el allanamiento y la aprehensión que se hizo hace 22 años, cuando la Policía Boliviana ejecutó un operativo de captura en contra de Blas Valencia y sus cómplices.
“Estamos esperando la fecha de la audiencia para que el juez ponga las medidas que se van a imponer a las personas investigadas (…) ingresando a la etapa preliminar”, señaló.
En este caso se tendría a 24 víctimas, de las cuales cuatro acudieron a la Fiscalía a testificar, entre ellos el excoronel Valencia.
El atraco
El 14 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 08.15 de la mañana, un grupo armado atracó la furgoneta de transporte de valores de la empresa Prosegur, en la avenida Kantutani de la zona sur de la ciudad de La Paz, donde se robó una cantidad importante de dinero.
La forma en la que operaron los asaltantes, conmocionó a la población por la extrema violencia tras interceptar un carro blindado con armas de guerra, donde asesinaron a dos policías y un empleado civil.
La banda delincuencial era liderada por el coronel Valencia que ejecutó robos millonarios y extremadamente violentos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Según las investigaciones, el entonces coronel tenía influencia económica sobre sus superiores para que lo mantengan en ese estratégico cargo de seguridad, que le permitía conocer los movimientos de valores de bancos, empresas públicas y privadas.
Asimismo, Valencia fue señalado por colocar una bomba en el Comando Policial de Santa Cruz para intimidar a quienes lo investigaban.
Además, el comandante general de la Policía, Walter Osinaga, que dirigió el operativo del caso Prosegur, fue condenado años después por encubrimiento e incumplimiento de deberes en el Caso Prosegur II.
En 2003, el Tribunal Segundo de Sentencia de El Alto, luego de cinco meses de juicio oral, condenó a 30 años de cárcel a los siete miembros de la Banda de Blas -como se bautizó al grupo de delincuentes- por el asalto a la empresa distribuidora de valores Prosegur de La Paz.
Valencia cumplía su condena en el penal de Chochocoro de La Paz, misma que llegó a controlar, por lo que fue trasladado al centro penitenciario de Santa Cruz para disminuir su influencia en la penitenciaria altiplánica.
Amparado en la Ley de Ejecución Penal 2298, el excoronel se benefició con libertad condicional, argumentando que cumplió las dos terceras partes de su condena.
Es así que el excoronel acudió en calidad de víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de sus derechos humanos y de sus parientes durante su aprehensión después del asalto.
En enero de 2023, la CIDH sentenció que los allanamientos se practicaron en al menos ocho inmuebles y que en, una de esas intervenciones, “los policías golpearon a las mujeres en sus partes íntimas y amenazaron a hijos e hijas frente a sus parientes para forzar a éstos últimos a confesar”.
La sentencia del Tribunal de Justicia Internacional estableció la reparación a las víctimas por un monto importante de dinero, que el Estado boliviano debe cumplir hasta un plazo máximo de un año.
