El Gobierno nacional ha cerrado filas en torno a su nueva política económica tras las críticas surgidas desde diversos sectores sociales y el propio seno de la Asamblea Legislativa. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó hoy que el Decreto Supremo 5503, que elimina el subsidio a los hidrocarburos, es una medida irreversible y técnica que responde al «salvataje» financiero del país.
Ante las consultas de la prensa sobre una posible negociación de los porcentajes de incremento en los precios de la gasolina y el diésel, Lupo fue tajante al descartar cualquier retroceso en la normativa.
“El decreto no es negociable y el decreto no es un capricho; es el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país. Para eso ha sido electo el Gobierno: para gobernar y tomar decisiones, por difíciles que estas sean”, sentenció el ministro en una entrevista con la red ERBOL.
Lupo, economista de trayectoria y pieza clave en el gabinete de Rodrigo Paz, defendió que la eliminación de la subvención ataca directamente las causas de la crisis boliviana y no solo sus síntomas. Según el ministro, el esquema anterior era un sistema «insostenible» que drenaba las reservas del Estado y fomentaba actividades ilícitas.
“El esquema anterior era un engaño que solo favorecía a los contrabandistas. Las causas de la crisis están en ese déficit fiscal producido por este subsidio que distorsionaba la economía y enriquecía a unos cuantos sinvergüenzas”, señaló la autoridad.
Pese a la firmeza en la aplicación del decreto, el ministro expresó la disposición del Ejecutivo para instalar mesas de diálogo con los sectores sociales, incluyendo al gremio de los transportistas que ya ha anunciado medidas de presión. Sin embargo, aclaró que el objetivo de estos encuentros será de carácter explicativo para mostrar los «verdaderos impactos técnicos» y los beneficios de la redistribución de recursos hacia las regiones.
El pronunciamiento de Lupo ocurre en un momento de alta tensión política, coincidiendo con el anuncio del vicepresidente Edmand Lara de apoyar un proyecto de ley para abrogar el decreto presidencial, lo que marca una fractura abierta en la cúpula del poder ejecutivo boliviano.
