La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de La Paz denegó este sábado la tutela a la Acción Popular presentada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para exigir el carnet de vacunación de manera obligatoria y exhortó al Gobierno y autoridades subnacionales aplicar políticas públicas para evitar la propagación de la Covid-19.
“El Tribunal de Garantías, en este caso la Sala Constitucional Primera nos ha denegado la custodia de la referente, pero a pesar de ello, en la segunda parte de su resolución ha exhortado al Gobierno central que en coordinación con los gobiernos subnacionales se proyecte y programe las políticas necesarias para hacer una campaña de vacunación efectiva y se alcance a la mayor cantidad de la población”, afirmó el director Jurídico de la Alcaldía de La Paz, José Gonzales.
Añadió que la recomendación de la Sala Constitucional tiene el objetivo de que las acciones estén destinadas a evitar la cuarta ola de contagios o por lo menos sea menos traumática como ocurrió con las anteriores olas.
“La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental Resuelve, primero: Denegar la Tutela Constitucional solicitada por el accionante”, dice la resolución emitida por los vocales de la Sala Constitucional a la conclusión de la audiencia de Acción Popular.
El Tribunal coincidió en que, si bien la cuarta ola de contagios aún no llegó al país con la misma fuerza de la primera, segunda y tercera ola, comprende que “el Estado en todos sus niveles debe actuar en forma responsable”.
Por ello, en la segunda parte de su resolución “exhorta al nivel central del Estado, los gobiernos departamentales y municipales, de acuerdo con sus competencias constitucionales, que proyecten programas de políticas de gestión pública y salud para evitar la propagación del Covid-19”.
La audiencia de la Acción Popular se instaló a las 09.00 de este sábado y en ella el Gobierno Municipal de La Paz planteó a la Sala Constitucional Primera que ordene la vacunación obligatoria contra la Covid-19 en Bolivia o que las personas presenten un certificado de vacunación para trámites para acceder en instituciones públicas y privadas.
Participaron de la audiencia, los abogados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, del Ministerio de Salud, de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia y los Gobiernos Autónomos Departamentales de Oruro, Potosí, Sucre, Pando y Santa Cruz, además de los comités cívicos de La Paz y de El Alto.
El equipo jurídico de la Alcaldía de La Paz, liderado por el director Jurídico José Gonzales, expuso los argumentos que sustentaban el pedido de la tutela de la Acción Popular para que se pida en el país el certificado de vacuna a todos los ciudadanos bolivianos para acceder a espacios públicos, eventos o efectuar trámites en instituciones públicas o privadas.
Luego tomaron la palabra los representantes del Ministerio de Salud, de la AMB, FAM, gobernaciones de Oruro, Potosí, Sucre, Pando y Santa Cruz, además de los abogados de los comités cívicos de La Paz y El Alto, y en sus exposiciones coincidieron en que la vacunación es la principal arma para combatir la propagación del virus de la Covid-19.
La Acción Popular surgió ante la alerta, que dijo Arias, de que hay vacunas que estarían por caducar y porque en La Paz, pese a que casi toda la población está vacunada en dos dosis, llegan personas de otras regiones y al ser cosmopolita, se debe evitar nuevos contagios; sin embargo, para los vocales eso no fue suficiente para otorgar la tutela constitucional.
