A instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un grupo de seis expertos investigará desde este lunes en Bolivia los hechos de violencia suscitados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año que se conoce como la crisis electoral.
En ese periodo, varios hechos de violencia marcaron las jornadas en varios puntos del país, pero los mas graves sucedieron tras las anuladas elecciones presidenciales por denuncias de presunto fraude en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).
Las refriegas entre civiles y efectivos de las fuerzas conjuntas dejaron una veintena de fallecidos y varias decenas de heridos.
El trabajo de estos especialistas «no está limitado a hechos específicos y puede alcanzar distintos actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos durante el periodo asignado», señala un reporte divulgado este fin de semana por el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La llegada del grupo de especialistas está enmarcado en el acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2019 entre la CIDH y el Estado boliviano para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y presuntas violaciones de los derechos humanos.
Se trata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que está integrado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, Marlon Weichert y Jaime Vidal, quien será el Secretario Ejecutivo de esta entidad, reportó ABI.
Abrirán su trabajo con autoridades bolivianas y, luego, ofrecerán una conferencia de prensa en la que darán a conocer los detalles de la instalación del trabajo que se extenderá por seis meses, plazo que puede ser ampliado con base en un acuerdo previo con el Gobierno.
«Desde su instalación, el GIEI-Bolivia desarrollará su trabajo de manera independiente e imparcial. Programará encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil respetando las normas sanitarias de cuidado que exige el contexto de pandemia», señala el documento divulgado en las horas precedentes.
«Además, recurrirá a cualquier fuente de investigación que considere relevante, además de las que le proporcionen sus contrapartes en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil boliviana», añade el informe de la CIDH.
A juicio del ministro de Justicia, Iván Lima, la investigación de los expertos no debería afectar las pesquisas de la Fiscalía boliviana sobre el mismo caso.
La oposición ha exigido que la CiDH indague además las presuntas violaciones a los derechos humanos sucedidas en el gobierno de Evo Morales.
