La Central Obrera Boliviana resolvió mantener vigentes sus medidas de presión a escala nacional y, de manera paralela, aceptar un diálogo con el Gobierno únicamente si este se realiza en la ciudad de El Alto, bajo coordinación de la dirigencia sindical y sin suspender las movilizaciones en curso.
La decisión fue asumida durante el ampliado nacional de emergencia que concluyó la noche del sábado, en el que la dirigencia ratificó como demanda central la abrogación total de los decretos supremos 5503, 5509 y 5515, normas que —según la organización— benefician a empresas transnacionales y profundizan el impacto de la inflación y el alto costo de vida sobre los sectores populares.
El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó que el diálogo propuesto deberá realizarse este domingo en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, garantizando la seguridad de las autoridades gubernamentales que asistan. No obstante, aclaró que la apertura al diálogo no implica un repliegue de las medidas de presión, las cuales continuarán mientras no exista una respuesta concreta del Ejecutivo.
Pese a la firmeza de sus resoluciones, la dirigencia sindical sostuvo que no asume una posición cerrada y expresó su disposición a consensuar un nuevo decreto específico que permita eliminar la subvención a los denominados “burladores”, preservando los bonos sociales y las políticas de protección dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.
Entre las principales determinaciones del ampliado también figura la exigencia de renuncia del ministro de Trabajo, Edgar Morales, a quien la COB acusa de promover el despido de trabajadores movilizados mediante comunicados oficiales, generando incertidumbre laboral y vulnerando derechos sindicales.
Asimismo, se anunció la conformación de un Comité Nacional de Movilizaciones, encargado de articular la protesta en defensa de los recursos naturales, las empresas públicas, las áreas protegidas y la soberanía nacional, en coordinación con los distintos sectores movilizados del país.
En el plano legal e institucional, la COB advirtió que no aceptará procesos judiciales ni acciones que considere intimidatorias contra dirigentes y trabajadores. En ese marco, anunció la presentación de una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo, por presuntas vulneraciones a la libertad sindical y restricciones al derecho a la protesta.
La dirigencia reiteró que cualquier convocatoria a un diálogo “sincero” deberá concretarse en El Alto y bajo las condiciones definidas por la organización matriz de los trabajadores, manteniéndose vigente la movilización nacional como principal instrumento de presión frente al Gobierno.
(11-01-2026)
