Ante la declinación del sector de los hidrocarburos, el Gobierno perfila al litio como uno de los principales pilares de la economía, aunque la incertidumbre cubre todos los aspectos de esta nueva industria. Las únicas certezas que presenta el proyecto son la renuncia a la anunciada soberanía tecnológica en este sector y la dependencia de la tecnología extranjera.
Diferentes autoridades de Gobierno han reconocido al litio como un pilar fundamental de la economía nacional y han llegado a admitir que el tiempo del gas ya pasó.
No obstante, el proyecto del litio presenta muchas dudas en cuanto a la provisión de materia prima, agua y gas natural para los posibles complejos industriales; al funcionamiento de la tecnología seleccionada; a su marco legal; a la subordinación tecnológica a empresas extranjeras; y a sus impactos ambientales, resume el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Alfredo Zaconeta.
El litio, proyecto iniciado por el gobierno de Evo Morales en 2010, es hoy parte de la política de industrialización con sustitución de importaciones de la administración de Luis Arce, y está contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025.
Pero el aprovechamiento de los recursos del salar de Uyuni es un asunto que está vigente en Bolivia desde la década de los 60. Desde entonces, se realizaron estudios e informes sobre el tema, en alianza con universidades de Europa y de la cooperación internacional, información con la que las estatales Quimbabol (1974) y Ciresu (1985), la estadounidense Lithco (1988) y la alemana-boliviana Acisa (2019) realizaron intentos de explotación.
Para la nueva tentativa de desarrollar esta industria, el PDES contempla metas ambiciosas hasta 2025, como la producción acumulada de 80.959 toneladas (t) de carbonato de litio (16.191 por año), de 64.000 t de materiales catódicos y de 88.000 baterías de litio, así como la obtención de $us 3.134 millones en ingresos por la venta de estos productos ($us 627 millones por año).
Estos resultados, de acuerdo con el PDES, se alcanzarán con la tecnología de extracción directa (EDL), que es presentada por la administración de Luis Arce como la solución viable, real y rápida para implementar la industria del litio.
En un arranque de optimismo, el Gobierno anunció que, con el funcionamiento de cuatro complejos industriales EDL, los ingresos generados llegarían a los $us 9.600 millones en 2026, valor que supera con creces lo generado por el gas en su mejor momento ($us 6.133 millones en 2013).
Casi de inmediato bajó esa estimación a $us 4.000 millones, un valor que igualmente rebasa las proyecciones de la cotización internacional de carbonato de litio (entre $us 25.000 y 35.000 la tonelada). En este nuevo escenario, el litio sí podría reemplazar al gas como principal generador de ingresos del país, más aún si se toma en cuenta que las exportaciones gasíferas llegaron a los $us 2.972,6 millones en 2022, un valor que continúa en descenso producto de la caída de la producción de hidrocarburos y de la reducción de sus reservas.
Pero aún hay mucho camino por recorrer para alcanzar esas cifras. En 2022 el volumen de carbonato producido fue de 600 toneladas (el máximo alcanzado) y su valor de $us 52,7 millones, según un reporte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
La búsqueda de la dependencia
La posición del actual Gobierno es crítica respecto al trabajo realizado durante las gestiones de Evo Morales, en las que se invirtió más de $us 1.000 millones en el proyecto, recursos públicos cuyo uso fue autorizado por el mismo Luis Arce, que fungió como ministro de Economía entre 2006 y 2017 y en 2019.
Esto se ratifica con las observaciones que hace Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) a la ingeniería de diseño y construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio. Un informe de la estatal indica: “La tecnología aplicada de 2008 a 2020 en Uyuni tenía una obsolescencia de 40 años y pierde el 40% de los componentes que son importantes”.
“Como no se hizo nada, la solución de Arce es la EDL y buscar socios extranjeros”, remarca Zaconeta.
La dependencia de tecnología extranjera fue una característica de los gobiernos del MAS, que firmaron contratos con la china Linyi Dike (2009), la coreana Posco (2012), la alemana K-Utec (2015), la china Camc (2016-2018), la francesa Greentech (2017) y la alemana Acisa (2019), para proyectos de ingeniería a diseño final y para la instalación de plantas piloto o industriales, así como para la explotación del litio.
Esta línea de tiempo contradice el discurso de “soberanía tecnológica” del Gobierno, ya que estos acuerdos en muchos casos ni siquiera mencionaron la transferencia de conocimiento tecnológico.
Como parte de su plan de industrialización, el Gobierno concretó también en 2023 tres convenios con las chinas CBC y Citic Guoan, y con la rusa Uranium One Group. El objetivo es la instalación de cuatro complejos industriales para una producción total de 100.000 toneladas de carbonato de litio con extracción directa, una tecnología que aún no ha sido probada a escala industrial.
Las inversiones comprometidas en estas factorías son multimillonarias, pero carecen del respaldo de una ley específica del litio.
Otro obstáculo que enfrenta esta industria es la ausencia de una certificación de la cantidad total de litio que hay en el país.
El Gobierno informó que Bolivia ya cuenta con 23 millones de toneladas de “reservas” de litio en los salares de Uyuni y Coipasa, con base en información de la estadounidense SRK y de la boliviana YLB. Sin embargo, la investigación de la consultora privada aún no fue publicada de manera oficial y el estudio de la estatal no fue validado internacionalmente, por lo que “es debatible”.
Desde la propia YLB se informó que “las reservas probadas de litio apenas llegan a 2 millones de toneladas”, apunta Zaconeta. “Los otros 19 millones de toneladas siguen siendo recursos inferidos y deben seguir estudiándose. Entonces, no hay certeza sobre la validez de estos proyectos” con empresas extranjeras, indica.
En el frente ambiental, tampoco se cumplen los lineamientos de cuidado del medio ambiente con los que se diseñó el proyecto original, como la construcción de plantas y piscinas fuera del salar, el bombeo de salmuera por ductos, el revestimiento de todas las piscinas con geomembranas y el uso de agua salada para minimizar el empleo de agua dulce.
El agua será un problema latente dentro de la explotación de recursos evaporíticos, ya que solo el funcionamiento de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, recién inaugurada en diciembre de 2023, demanda 350 metros cúbicos (350.000 litros) de agua por día. Esta significativa cantidad, similar a la que demanda la metalurgia en Vinto, pondrá más presión sobre los recursos hídricos del sudoeste potosino, de los que ya dependen la minería a gran escala y la producción agrícola de esa región.
Para producir una tonelada de carbonato de litio se requiere entre 1,5 a 2 millones de litros de agua, un volumen que hay que multiplicar por 100.000 toneladas para tener una idea de la ingente cantidad de recursos acuíferos que se necesitarán para cumplir los planes del Gobierno.
La provisión de gas, igualmente, genera dudas sobre el funcionamiento de toda la industria, dado el agotamiento de las reservas de gas del país, lo que podría obligar a la importación de este carburante para garantizar la explotación y procesamiento de estos recursos. Surgen también preguntas sobre la Planta Industrial de Carbonato de Litio, que debe producir 15.000 t desde 2025 con materia prima producida en piscinas. “La industria del litio depende de 160 piscinas de evaporación para la obtención de materia prima en 18 meses, pero solo funcionan 90 de ellas, porque las otras 70 no fueron permeabilizadas”, alerta Zaconeta.
