El ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró este martes que Derechos Reales (DDRR) anualmente recauda alrededor de Bs 600 millones, recursos económicos que carecen de fiscalización.
Y sostuvo que con el Decreto Supremo 5143, ahora abrogado, se buscaba bancarizar las transacciones, luchar contra la corrupción y la extorsión a la que están expuestas las familias bolivianas por la falta de control.
“Buscábamos bancarizar el pago de los aranceles que ahora se pagan de manera directa en las cajas. En el tiempo de la pandemia (Covid-19) se han recaudado los mismos 600 millones de bolivianos que se recaudan cada año”, dijo.
En ese sentido, Lima considera que ese monto millonario que recauda en DDRR es como “una caja negra”.
“Es una caja que no tiene control, que no tiene fiscalización y a la que no ha logrado ingresar la bancarización que hay en todos los demás trámites del Estado Plurinacional de Bolivia”, agregó.
Y nuevamente se refirió al Decreto Supremo 5143 con el que se habría logrado uniformar los trámites, para que “malos funcionarios no se inventen requisitos” en Derechos Reales con el objetivo de hacer cobros irregulares.
“Buscábamos la simplificación y la modernización de los trámites que permitan además que no exista la extorsión del trámite. No es posible, no es admisible que algunas personas terminen su trámite en ocho horas, otros en ocho semanas y otros en ocho meses, que es el tiempo el promedio de duración de los trámites”, manifestó Lima.
