El referéndum planteado por el presidente Luis Arce no implica una reforma constitucional, «sino un proceso consultivo al pueblo que podría dar paso a un proceso de ajuste constitucional en una etapa posterior”, manifestó este miércoles el ministro de Justicia, Iván Lima.
“(El referéndum) se basa en el artículo 18 de la Ley 26 (de Régimen Electoral), no determina reforma constitucional y, de ser el caso de procedimiento de reforma, será posterior al primero de diciembre, conforme esté el derecho vigente”, aseguró en conferencia de prensa.
Si el derecho vigente en ese momento (posterior a 2024) “es que tenga que ser dos tercios de la Asamblea y el procedimiento consecuente (de reforma constitucional), se seguirá ese proceso”; pero ahora “se está llevando (estos temas a) consulta del pueblo boliviano, sin que se toque la Constitución, sin reforma a la Constitución”, insistió.
Las declaraciones de Lima surgen luego de que el presidente enviara en esta jornada, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), las cuatro preguntas para someter a consulta del pueblo boliviano el 1 de diciembre, junto a las elecciones judiciales.
Actores políticos cuestionaron las preguntas con el argumento de que se trata de una reforma parcial de la Constitución, principalmente por los temas de escaños y reelección.
No obstante, Lima aseguró que el referéndum no se vincula a una reforma de Constitución. Y arguyó que la Constitución Política del Estado, la Ley 026 de Régimen Electoral y el Pacto de San José de Costa Rica le conceden al presidente la posibilidad de impulsar una iniciativa de referéndum y de consulta al pueblo.
“La Ley 26 también le permite al presidente Luis Arce poder convocar un referéndum. Hemos descartado la vía que tomaba presente la consulta al Tribunal Constitucional y podía llevarnos a una reforma parcial de la Constitución y hemos optado por el mecanismo de la Ley 26”, dijo.
