El presidente Luis Arce dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el destino del Decreto Supremo 5143 que “reglamenta” la ley sobre Derechos Reales. Además, afirmó que existe una “campaña política de desinformación” para hacer creer a la población que la propiedad privada está en riesgo.
“Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el decreto 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional”, dijo.
Asimismo, el mandatario negó totalmente que el contenido del decreto busque “afectar la propiedad de la gente” o “expropiar” las casas de las familias bolivianas, como denunciaron algunos políticos.
En tanto, la bancada del MAS-IPSP, a través del diputado Juan José Jauregui, presentó al TCP una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra la forma en la que se aprobó el decreto, y solicitó la medida cautelar de suspensión en su aplicación hasta conocer una sentencia.
“Nunca ha pasado por nuestra cabeza la expropiación de viviendas de la población, repito, solamente eso he escuchado de la mente de la derecha en el 2009, y lamentamos que algunos compañeros hayan caído en ese mismo discurso de la derecha”, manifestó Arce.
Y aseguró que el objetivo del decreto es “ordenar” Derechos Reales, contar con sistema informático único, y no “34 sistemas que están actuando ahí independientemente”, y evitar hechos como los dobles registros y ventas de casas y terrenos sin que los dueños se enteren.
Sin embargo, la mañana de este viernes el Conade llevó a cabo una marcha por el centro paceño en rechazo al Decreto 5143, pues aseguran que éste pone en riesgo la propiedad privada.
