El Gobierno Nacional promulgó hoy la Ley Corta Excepcional y Transitoria destinada a garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia. Sin embargo, en un comunicado, el presidente Luis Arce advirtió que la «libre importación y comercialización absoluta» estipulada en la norma «generará precios más elevados para los consumidores y tendrá un efecto inmediato en la economía familiar».
Además, el mandatario recordó que, antes de esta nueva ley, ya había implementado una serie de decretos supremos para «flexibilizar y simplificar la importación de combustibles» por parte del sector privado, tanto para consumo propio como para su comercialización.
Asimismo, Arce sostuvo que el Decreto Supremo N° 5218 (septiembre de 2024), redujo de hasta un año a un plazo de entre 5 y 10 días la duración de los trámites para la importación directa para consumo propio, beneficiando a empresas, cooperativas y asociaciones.
Posteriormente, el Decreto Supremo N° 5271 (noviembre de 2024) autorizó excepcionalmente al sector privado a importar diésel y gasolina para su comercialización, una medida que «respondía a una demanda sectorial de empresarios y agricultores». Esta iniciativa fue ampliada por el Decreto Supremo N° 5313 (enero de 2025), que «extendió el plazo de importación de uno a tres años para dar previsibilidad financiera a las empresas».
No obstante, Arce enfatizó su compromiso de no «sabotear ni bloquear iniciativas sancionadas por otro órgano del Estado» que puedan contribuir a la solución del desabastecimiento, a pesar de tener «ciertas observaciones».
La principal preocupación radica en el costo: «La libre importación y comercialización absoluta que se establece en esta ley, generará que el precio de la venta de combustible sea más elevado que el que se comercializa en gasolineras con subvención, y que esto se vaya generalizando provocará que el efecto sobre la economía de las familias bolivianas sea inmediato», concluyó.
