El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Eduardo Ortega Sivila responsabilizó a los legisladores por la actual crisis judicial en Bolivia y afirmó que la declaración constitucional 0049/2023, que prolongó el mandato de las autoridades judiciales, y aún lo hace en el caso de siete magistrados, es un derecho válido, vigente y vinculante.
La afirmación la hizo el viernes, durante el acto de inauguración del año judicial en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca,
Desde la testera, Ortega Sivila cuestionó que “algunos legisladores, con criterios meramente políticos, prefieren cargar la responsabilidad de solución sobre las espaldas de las autoridades electas del Tribunal Supremo de Justicia y, ¿por qué no?, también sobre las espaldas de los magistrados electos del Tribunal Constitucional, cuando, en realidad, esta crisis tiene su origen y conclusión en su irresponsabilidad”.
Identificó como origen de esta crisis judicial a la declaración constitucional 0049/2023 de 11 de diciembre de 2023 que prolongó el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional hasta la elección de sus sucesores, porque hasta entonces la Asamblea Legislativa no había concluido el proceso de preselección de los candidatos para las elecciones judiciales, en cambio emitió convocatorias vulnerando derechos como la libre opinión como causal para inhabilitarlos.
“Me explico: en lo que se refiere a la jurisprudencia que dicte el Tribunal Constitucional Plurinacional, existen criterios contradictorios, pues sus fallos, de acuerdo al artículo 203 de la Constitución Política del Estado, artículo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y artículo 15 del Código Procesal Constitucional, son obligatorios y vinculantes para los poderes del Estado, legisladores, autoridades y, por supuesto, tribunales, lo que significa que aún lo dispuesto por un solo fallo es de cumplimiento obligatorio. Entiéndase bien, aún lo dispuesto por un solo fallo”, argumentó.
Además, el magistrado alegó que la “Declaración Constitucional Plurinacional, que dispone la prórroga del mandato de las autoridades del Órgano Judicial, por muy perversa que nos parezca, resulta ser vinculante, o, aunque el contenido de esta resolución agrade en su forma de expresión, o, nos parezca un bello texto literario, o una adquisición carente de toda forma expresiva de un buen escribidor, como diría Mario Vargas Llosa, sigue siendo derecho”.
Por último, Ortega Sivila sostuvo que la “solución de esta crisis no pasa por la voluntad decisoria de ninguno de los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”.
Y dijo, en cambio, que la “solución a esta crisis pasa por la decisión política del Órgano Legislativo” que tiene la facultad de aprobar leyes.
“Si nuestros queridos legisladores tuvieran la voluntad política de resolver la crisis del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, provocado por la declaración constitucional plurinacional 0049/2023, de 11 de diciembre, fácilmente podrían dictar una ley interpretativa que busque resolver dicha crisis, así lo dispone el artículo 158, parágrafo 1, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, pero, lamentablemente, no existe voluntad política para cumplir las atribuciones emergentes de nuestra Constitución axiomática”, concluyó.
