Tras la última movilización de la Central Obrera Boliviana (COB), la Fiscalía de La Paz ha iniciado cuatro procesos penales contra nueve afiliados sindicales capturados durante los disturbios que se registraron en el casco histórico de la ciudad de La Paz.
El Ministerio Público ha tipificado los actos como instigación pública a delinquir y destrucción de bienes del Estado.
Entre los imputados figuran dos mineros de Huanuni, quienes fueron interceptados con un arsenal de hondas, piedras, petardos y dinamita. Además de un trabajador del sector fabril que fue capturado tras ocasionar daños con una motocicleta policial.
“No estamos ante una manifestación pacífica, sino ante una organización de actos vandálicos contra la integridad de los ciudadanos y la propiedad de todos los bolivianos”, señaló la fiscal Jenny Benítez, quien ha solicitado la detención domiciliaria para cuatro de los implicados.
El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ha calificado las imputaciones como una «cacería de brujas» y ha condicionado cualquier acercamiento con los ministros de Rodrigo Paz a la liberación inmediata de sus bases.
