A cuatro días de concluir sus labores, la mayoría que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó un informe que recomienda el inicio de juicios contra cuatro ministros por el caso de la compra de armamento no letal, mientras la comisión que investiga el caso Sacaba y Senkata, donde este partido también tiene mayoría, recomendó el inicio de dos juicios de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez.
Ello ocurrió dos días después de que la Justicia determinó anular las órdenes de aprehensión que pesaban contra el expresidente Evo Morales y el exministro de Justicia, Héctor Arce, lo que sectores contrarios al MAS interpretaron como el acomodo de la Justicia al futuro gobierno y, en paralelo, el inicio de una etapa de persecución política.
“El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”, escribió Áñez en su cuenta en Twitter.
Antes, al referirse a los fallos judiciales, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, había advertido: “Esa justicia la puso Héctor Arce, o sea bailaron en un momento a un ritmo y ahora bailan a otro ritmo. Esa justicia está totalmente prostituida, lamentablemente, y el Ministerio Público lo mismo. Bailan al son de la música que les tocan”.
La tarde de este lunes la ALP aprobó el informe final de la comisión que investiga la compra irregular de armamento no letal y envió el documento a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie acciones legales contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez; el exministro de Economía, Óscar Ortiz y el presidente de la Aduana, Waldo Ramos Jurado.
La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS); explicó que se tomó la decisión porque se presentaron pruebas suficientes de irregularidades en el proceso de licitación.
Además de la FGE, el informe fue remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) y la Procuraduría General del Estado (PGE), para que también investiguen e inicien procesos contra quienes hayan cometido irregularidades.
Poco después, la Comisión Mixta de Constitución que investiga el caso Sacaba y Senkata recomendó en su informe final iniciar dos juicios de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez y su gabinete, el primero por la firma del decreto 4078 y el segundo por las muertes ocurridas en estas dos poblaciones a fines de 2019.
“La Constitución dice que no se puede dar fueros ni privilegios absolutamente a nadie, ni facultades extraordinarias, por eso ha visto por conveniente que este decreto (4078) es contrario a la Constitución y hay un incumplimiento de deberes y omisión, por tanto, se ha determinado juicio de responsabilidades a todos los ministros que lo han suscrito”, explicó el diputado Víctor Borda (MAS).
El decreto 4078 fue emitido el 14 de noviembre de 2019 y eximía de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas “que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno”. Luego fue abrogado.
El informe, además de recomendar el procesamiento de Áñez y de los miembros de su gabinete, señala responsabilidades a exjefes militares y policiales, entre ellos el excomandante de las FFAA, Willliams Kaliman y el excomandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón.
El informe debe ser aprobado o rechazado por dos tercios de voto de la ALP, que este jueves clausura sus actividades.
