Con el antecedente del cuestionado trabajo que realizó en los comicios nacionales de 2020, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazó los resultados de la última encuesta que realizó la empresa Ciesmori y que fue difundida por la red Unitel. Denunció manipulación de datos, demandó una auditoría y, además, sanciones para firmas que incurran en este tipo de prácticas “por daños a la democracia”.
En las elecciones de 2020 la empresa encuestadora proyectó una ajustada victoria del candidato del MAS, Luis Arce, frente al de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y una victoria del segundo postulante en una segunda vuelta. Al final, Arce ganó en primera vuelta con un respaldo nacional del 55.11%.
La última encuesta de esta firma, con miras a los comicios subnacionales del 7 de marzo, proyecta una derrota del MAS en los cuatro municipios más habitados de Bolivia: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto.
“Yo nunca he creído en las encuestas, las encuestas siempre te quitan ciertos porcentajes. En las encuestas siempre nos va mal y nos va bien en las urnas. Solamente recordar a Ciesmori que el año pasado hizo creer a la población que iba a haber segunda vuelta y que en segunda vuelta el MAS iba a perder, cuando ganamos con más del 55%. ¿Dónde está la segunda vuelta?”, preguntó el lunes el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales.
Dijo que gente que el año pasado trabajó para Ciesmori le informó que “en cada encuesta te quitan el dos o tres por ciento”, por lo que consideró urgente que se sancionen estas prácticas, no por el daño que hacen a un partido o a una persona, sino “por el daño a la democracia”.
El exsenador Omar Aguilar coincidió con los criterios de Morales, dijo que desde 2005 la encuestadora publica datos que muestran al MAS con datos que no son reales, y recordó al diario Página Siete que el año pasado pidió anular la licencia de Ciesmori tras que se revelara un video que mostró una reunión “secreta” entre el representante de esa empresa y líderes de la exalianza Juntos, de la expresidenta Jeanine Áñez.
Entonces, el abogado constitucionalista y vocero de la alianza Libre 21, Luis Vásquez Villamor, denunció que la encuestadora Ciesmori tenía un millonario contrato con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un millón de dólares.
Tras las denuncias, la entonces presidenta de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, pidió también que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anule el permiso de la empresa encuestadora por haber mantenido una relación contractual con el Gobierno transitorio.
