El canciller del Estado, Rogelio Mayta, calificó este miércoles como “una situación inédita y un precedente de la justicia” la decisión de un juez de Estados Unidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, que ratificó la responsabilidad de ambos por la masacre de Octubre Negro de 2003 y que confirmó el pago de $us 10 millones para las víctimas.
“Es una situación inédita, es un precedente de la justicia de los Estados Unidos y también de la lucha contra la impunidad en Latinoamérica y en el mundo, que muestra que más allá de que existe gente rica y poderosa que comete graves violaciones a los derechos humanos, hay gente que también está dispuesta a que se haga justicia utilizando los mecanismos y posibilidades legales necesarias”, dijo.
Mayta realizó las declaraciones durante una entrevista con el programa “Con Aire Fresco” de la Red Patria Nueva, en la que afirmó que aún los acusados tratarán de apelar dicha decisión para dilatar y entorpecer el desarrollo del proceso para que este no llegue a su fin.
“A pesar de esto se ha dado un paso muy importante que hay que destacarlo y las víctimas se han acercado, con esta resolución, un poco más hacia la conclusión de este proceso”, aseveró.
El juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó en pasados días la moción planteada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, dictaminando que los demandantes establecieron que los asesinatos fueron ilegales según el derecho internacional y, por lo tanto, extrajudiciales, y que los acusados fueron los responsables.
En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.
