Tras una reunión sostenida entre el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, se determinó apelar a la conciencia de la ciudadanía en la lucha contra el COVID-19 y no sancionar a quienes incumplan las medidas de bioseguridad.
“Nos hemos puesto de acuerdo que, en el tema sanitario, no necesitamos meter a nadie a la cárcel, generar multas; en el tema sanitario necesitamos la conciencia del pueblo boliviano, hemos visto que no necesitamos reprimir para buscar soluciones en beneficio nuestro pueblo”, reflexionó Del Castillo en conferencia de prensa.
En ese sentido, la autoridad señaló que la Policía Boliviana redoblará su trabajo para brindar seguridad ciudadana en el municipio paceño, además de realizar controles en lugares que exista aglomeración de personas.
“En todo el territorio nacional la Policía va a continuar con su trabajo generando desmovilización donde aquellas personas se encuentren aglomeradas, la Policía va a intervenir cuando son lugares no establecidos o no autorizados”, apuntó.
Aseguró que el fin esencial es que la población adquiera conciencia sobre la pandemia.
Durante la cuarentena establecida por el gobierno de facto en 2020, las personas que tenían alguna necesidad de trasladarse de un lugar a otro, debían cumplir con un arresto de ocho horas además de pagar una multa de Bs 500, por infringir el decreto de cuarentena total.
