La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este martes que la gestión de Jeanine Áñez generó pérdidas en las empresas públicas con el fin de cerrarlas y posteriormente privatizarlas.
“La derecha golpista no solamente buscó la paralización de empresas, sino también su cierre y la posterior privatización, que es la vieja receta de reducir nuestras empresas públicas, de eliminar nuestras empresas públicas, de reducir al Estado a su más mínima expresión en detrimento de las grandes mayorías de nuestro Estado”, indicó.
Resaltó que las empresas públicas son una parte importante del modelo económico, social, comunitario y productivo, implementado desde el año 2006 por el entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas y actual presidente del Estado, Luis Arce; mismas que sufrieron daños y pérdidas durante la gestión transitoria.
“Paralizaron y registraron daños en la maquinaria de la planta de cemento en Oruro, en la planta de urea, con un daño económico al Estado sin precedentes; similar destino sufrieron la planta de industrialización de vidrios Envibol, la planta Eólica, la planta de vidrio, los proyectos de exploración de YPFB, los proyectos apícolas en Chuquisaca, la planta de cítricos, el ingenio azucarero de San Buenaventura en el norte de La Paz”, explicó la autoridad.
Mencionó que con el «golpe de Estado» se paralizaron todos los proyectos de inversión de las empresas públicas y se suspendieron las rutas de la aerolínea nacional Boliviana de Aviación (BoA), para beneficiar a empresas privadas.
“Varias otras medidas afectaron el desempeño de nuestras empresas públicas y esto es importante que el pueblo boliviano conozca, cuál era el objetivo de esta derecha golpista que asaltó nuestro Estado de manera inconstitucional, ilegítima y que no solamente restituyó el modelo neoliberal, sino que profundizó la pobreza, las asimetrías económicas sociales y amplió la brecha entre ricos y pobres”, subrayó.
En el caso de la planta de urea, detalló que a octubre de 2020 registró una caída del 100% en su producción. De igual forma, la empresa de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) sufrió una contracción del 65% en la producción de carbonato de litio y una disminución del 42% en la producción de cloruro de potasio, generando un impacto negativo en la economía.
Recordó que bajo la administración del gobierno de Jeanine Áñez se firmó la octava adenda con Petrobras el 6 de marzo de 2020, en la que se estableció nuevas condiciones, por ejemplo, que el costo de transporte de los volúmenes de gas natural comercializados al Brasil, pasarían a ser asumidos por YPFB y no por Petrobras, como era la condición anterior, hecho que generó un daño económico al Estado de aproximadamente $us 71 millones.
“Así como en Petrobras, sucedió en la compra de trigo, en la compra de fertilizantes y castaña sin registro en inventarios, la contratación irregular de personal ejecutivo, que también es de conocimiento del pueblo boliviano, y otros actos de corrupción que se encuentran en etapa de investigación”, manifestó.
También recordó que, a diciembre de 2020, el déficit fiscal fue de 12,2%; mientras que se registró una tasa negativa en el crecimiento económico con un -8,8%. “Es un retroceso en nuestra economía que no se veía desde hace 67 años”, remarcó.
“Asumimos nuestro gobierno recibiendo, en noviembre de 2020, un Estado desmantelado. El golpe no solamente fue a nuestra democracia, sino también a nuestra economía, como lo sintieron las familias bolivianas, especialmente las de menores ingresos”, afirmó.
