Todos recordarán esa mezcla de sentimientos encontrados entre los bolivianos surgidos tras la renuncia de Evo Morales. Por un lado, ciudadanos festejaban en calles céntricas de las ciudades bolivianas y, por otro, ciudadanos de las periferias lloraban ante la incertidumbre. Algunos barrios de La Paz, El Alto y Cochabamba fueron vandalizados. El país en pleno se sumergía en una ola de violencia. Luego vendrían los dolorosos eventos del 15 y 19 de noviembre del 2019 en Sacaba y Senkata, con la irreparable pérdida de vidas humanas.
Antes, el 22 de octubre, el gobierno de Morales había solicitado a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, que “a la brevedad posible pueda establecer una comisión que haga una auditoría a todo el proceso de cómputo oficial de los votos de las elecciones del 20 de octubre”.
Morales decidió que esa auditoría fuese vinculante
La OEA publicó el resultado preliminar el 10 de noviembre y detectó: a) irregularidades muy graves en cuanto a tecnología, custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas; b) manipulación del sistema TREP; c) manipulación al sistema informático; d) actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas; e) inconsistencias en las actas escrutadas en Argentina; f) es improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia a su favor.
Esta confirmación del fraude electoral agravó el conflicto político social. La violencia escaló tanto, que pareció incontrolable. La desinformación mediática y la instrumentalización política de la información fueron claves para esa escalada de violencia.
Las posverdades en el informe de Harvard
Dos narrativas emergieron de esta situación de conflicto. Una de ellas desde los movimientos espontáneos ciudadanos, protestando contra el fraude y pidiendo la renuncia de Evo Morales. Otra, desde el partido oficialista, afirmando que hubo “golpe de Estado”. Esta última se ha visto consolidada con el triunfo electoral del MAS, con el 55,11%, en las elecciones del 18 de octubre de 2020. Un año atrás, el argumento del “golpe” provocó trágicos desenlaces. Los presenciamos en las localidades de Sacaba y Senkata, donde hubo 23 personas fallecidas por herida de bala en los enfrentamientos.
Para sustentar la narrativa del “golpe de Estado”, se publicaron varios informes desde diversas fuentes. Uno de ellos fue el informe “Nos dispararon como animales”, producido por Thomas Becker de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y publicado el pasado 27 de Julio. Este informe también fue utilizado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia para sustentar la vulneración de derechos. En el mismo se argumenta la violación al derecho a la vida, a la libre reunión y asociación, y el derecho a la libre expresión, entre otros.
En entrevista con Thomas Becker, él reconoce que no puede afirmar que hubo un golpe de Estado. “Las acusaciones del golpe de Estado en mi informe vienen de otras fuentes periodísticas a las que solo hago referencia” –dijo. Entre sus fuentes mencionó a María Galindo, por ejemplo- “sin embargo no puedo afirmar si hubo golpe de Estado en Bolivia; la finalidad de mi trabajo solo fue investigar sobre la situación de los derechos humanos de lo sucedido en Sacaba y Senkata.”
Sobre los disparos en Sacaba y Senkata, Becker afirmó: “No tengo pruebas, solo recolecté varias declaraciones de testigos”.
Al cotejar los datos del informe de Harvard, se identificó declaraciones particulares de carácter no oficial. Estas fuentes representan el 90% del informe. En total sumaron más de 700 entrevistas (entre ellas 35 son fuentes anónimas y 74 entrevistas son vía telefónica). También se tomaron declaraciones de exautoridades del MAS publicadas en distintos medios de prensa digital y redes sociales.
Pregunté al autor sobre los hechos acontecidos durante los 21 días de paro en los que se dieron violaciones a los derechos humanos: la instrucción de Evo Morales de cercar las ciudades para que no ingresaran alimentos; las dos personas fallecidas en Montero-Santa Cruz y la captura del ciudadano colombiano integrante de las FARC (el principal sospechoso de esas muertes); la preparación de bombas molotov en el Ministerio de Culturas; el ataque a los mineros de Potosí por francotiradores en Challapata (Oruro); la emboscada a estudiantes potosinos que se dirigían a La Paz y que fueron interceptados en Vila Vila (Oruro).
A todo ello, respondió: “En el MAS hay grupos violentos y otros no; no tomo ninguna posición sobre individuos ni analizo respecto a tomar una decisión. Si cometieron delitos el gobierno debe procesar a estas personas.” Asimismo, aseguró que “no hubo una mala intención en mi informe”.
Informes para todo gusto
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz calificó el Informe de Harvard como “el peor de todos en términos metodológicos (…) virtualmente solo induce a beneficiar a la militancia y las acciones cometidas por los grupos irregulares del MAS. Hace más daño que bien, inclusive para las víctimas que fallecieron. Es una violación a sus derechos humanos”, según afirmó su representante, Franco Albarracín (Albarracín y su familia presentaron en octubre de 2020 una solicitud de protección a Amnistía Internacional debido a amenazas recibidas).
En contraste al informe de Harvard, el Ministerio de Justicia presentó otro informe, denominado “La situación de los derechos humanos en Bolivia 2019”. El mismo concluye que “no todas las muertes están comprobadas, tampoco se violaron los derechos de libre expresión, lo que sí hubo fueron delitos por sedición, terrorismo, atentados contra los bienes públicos y privados, etc. que están siendo investigados a las personas apresadas que fueron encontradas infraganti cometiendo este tipo de delitos y actualmente son juzgados con todas las garantías jurisdiccionales”.
El sufrimiento es de los más humildes
No obstante, escondidas detrás de la pugna política, quedan voces cotidianas de las historias por contar. El padre José Fuentes, Secretario General de la Conferencia Episcopal, relata que “al principio dos hechos importantes cambiaron el curso del conflicto: los amotinamientos policiales en toda Bolivia y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil, que se negaron a utilizar la fuerza en contra la misma población movilizada que reclamaba [por] el fraude”.
En las horas previas al enfrentamiento en Senkata, los dirigentes de la zona habían manifestado que no querían hechos de violencia. El padre Fuentes cuenta que el intento de tomar Senkata se produjo de pronto, sin la participación de los vecinos. El caos se levantó de un momento a otro.
El padre Gechy Pucho, párroco de la Parroquia San Francisco de Asís, del distrito No 8 de la ciudad de El Alto, también nos habla de lo sucedido en Senkata. Cuenta que: “El 19 de noviembre como a las 17:30, llegaron los primeros heridos a la Plaza 25 de Julio y las personas fallecidas”.
Conmovido, el padre Gechy afirmó: “Nunca vi un pueblo tan triste y dolorido, era un llanto imparable. Lloraban niños, jóvenes, mujeres y adultos. En medio de los llantos todos expresaron el grito de: ¡Justicia! Poco después abrí las puertas de la iglesia para guardar a los fallecidos. Es ahí mismo donde los familiares iban llegando para reconocer a sus seres queridos. A lo largo de la tarde y la noche no hubo líderes ni dirigentes que se hicieron presentes, sin embargo todos pudieron coordinar conmigo. En ese momento por iluminación del Señor, les dije que lo mejor era llamar a los médicos forenses y a los fiscales para saber qué había sucedido. Más tarde me contacté con el área de Derechos Humanos de la Pastoral Cáritas. Ellos llegaron al día siguiente con los médicos forenses y el fiscal como a las 11:30 am. (…) “En total fueron ocho personas fallecidas que recibimos. Luego por la gravedad de las heridas, fallecieron tres personas más en los hospitales donde se internaron.”
Hechos similares enlutaron Sacaba el 15 de noviembre. Cuenta monseñor Carlos Curiel, obispo auxiliar de Cochabamba, que “no (le) dejaron ver a las personas fallecidas.” Curiel es médico cirujano de profesión.
Algunas personas fallecidas fueron directamente enterradas sin haberles hecho una debida autopsia. Los familiares de las víctimas no tuvieron la intención de esclarecer estos hechos.
¿Quién gana con la polarización?
Así, un discurso a conveniencia política ha fracturado de manera profunda y dolorosa la comunidad boliviana. La diversidad ha servido de excusa para desinformar y crear informes que están lejos de esclarecer los hechos. La forma como se narran los hechos contribuye a la instrumentalización ideológica del conflicto. Una simple pulseta de narrativas que deshumaniza las luchas de los diversos sectores sociales de Bolivia.
Hoy queda la polarización y la descalificación sorda desde y hacia todos los frentes.
Dicen que la historia es narrada por quienes ganan una guerra. Pero cuando se pierden seres humanos, por ambiciones de poder de otros, cuando se fuerzan hechos o se descalifica por ideología; cuando un país se desangra por la discriminación, el regionalismo y el abuso, nadie podría llamarse, de verdad, ganador.
