El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) exhortó este miércoles a proteger los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados en el marco de las leyes establecidas en los ámbitos nacional e internacional.
“ONU Bolivia hace un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”, se lee en un comunicado que la entidad publicó en sus cuentas en las redes sociales.
Ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años, ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas, el cual debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas, señala el reporte.
Según esa entidad, el embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación.
Asimismo, ONU Bolivia reafirmó que es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas.
“Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos”, enfatizó.
Apuntó que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son «formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante».
Así también, el Comité Contra la Tortura, en reiteradas oportunidades estableció que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable.
En cuanto a la normativa nacional, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.
El Código Niña, Niño y Adolescente, en su artículo 1448, garantiza a las niñas el derecho a ser protegidas contra la violencia sexual. Además, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo, recordó.
“Naciones Unidas reafirma su compromiso de continuar trabajando por la promoción del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y la prevención de la violencia sexual y de embarazos no deseados, mucho más en niñas, a través del fortalecimiento de los servicios de atención y protección, la educación integral de la sexualidad, y el fomento de masculinidades positivas en el sistema educativo, en las familias y comunidades”, remarcó ONU Bolivia.
ONU Bolivia reiteró la importancia de contar con una ley marco de derechos sexuales y reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas, para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo.
