Una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Tarija contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, desató un nuevo episodio de tensión política y mediática en el país.
La medida fue dictada dentro de un proceso por presunto contrabando agravado y daño económico al Estado, tras una denuncia presentada por dos exfuncionarios de la Aduana Nacional, quienes señalaron supuestas irregularidades en la exportación de combustibles.
Sin embargo, tanto YPFB como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la propia Aduana Nacional rechazaron las acusaciones, calificándolas de infundadas y asegurando que todas las exportaciones de gas natural se realizaron conforme a la Ley de Hidrocarburos y bajo control de las entidades competentes.
Las instituciones estatales defienden la legalidad de las operaciones
En conferencia de prensa, el gerente de Contratos de Exportación de Gas, Óscar Claros, explicó que las ventas de gas a Argentina y Brasil están reguladas por contratos internacionales y por normativa vigente, sin posibilidad de evasión o contrabando.
“Todas nuestras operaciones son legales, están registradas y controladas. Por la exportación observada se recibieron 14 millones de dólares que fueron depositados en cuentas oficiales del Estado”, señaló Claros.
El director de la ANH, Joel Callau, añadió que estas exportaciones están exentas de permisos adicionales, conforme al decreto que regula la venta de hidrocarburos a países vecinos.
Mientras tanto, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, confirmó que los dos exfuncionarios que realizaron la denuncia fueron destituidos horas antes de presentarla, y que actuaron “sin representación legal y usando sellos oficiales de manera indebida”.
Serrudo anunció que la Aduana iniciará acciones legales contra ambos por usurpación de funciones y el uso indebido de documentación institucional.
Dorgathen sigue en Bolivia y prepara su defensa
Desde la estatal petrolera se informó que Armin Dorgathen permanece en el país y que se encuentra preparando su defensa junto a su equipo jurídico.
“El presidente de YPFB no ha abandonado Bolivia y enfrentará el proceso en el marco de la ley”, aseguró Claros.
Asimismo, las instituciones implicadas anunciaron que presentarán ante la Fiscalía toda la documentación, contratos y registros aduaneros que demuestran la legalidad de las operaciones observadas.
En medio de la crisis de combustibles
La polémica surge en un momento crítico para el país, marcado por la escasez de diésel y largas filas en los surtidores, situación que ha generado reclamos de transportistas y productores.
El caso también se da en paralelo a otras investigaciones en curso dentro del sector energético, entre ellas la del caso Botrading, sobre presuntas irregularidades en la compra de combustibles.
Por ahora, la atención se centra en la respuesta judicial a la orden de aprehensión y en cómo el Gobierno manejará las repercusiones políticas y económicas de un conflicto que impacta directamente en el corazón energético del país.
(10-10-2025)
