Profesores y padres de familia pidieron a las alcaldías y Gobernación de La Paz cumplir con su rol y garantizar el buen funcionamiento de los establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria y superior en el departamento de La Paz, ante un probable retorno a clases presenciales y semipresenciales.
“Si en etapas normales las alcaldías no han sabido clasificar seriamente presupuestos para el tema educativo como la propia Ley dice, por lo menos un 20 por ciento en el presupuesto de las alcaldías, en tiempos de COVID-19 esto no se ha cumplido. En cuanto a la Gobernación, en el tema educativo no hay presencia, no hay ningún tipo de acercamiento o proyectos para mejorar los institutos superiores, el Gobernador es un fantasma”, dijo Cesar Guzmán, padre de familia y secretario de la Central Obrera Regional de El Alto (COR).
Guzmán informó que se realizaron visitas a las unidades educativas para ver en qué situación se encuentran, con miras a un posible retorno a clases semipresenciales ante el descenso de casos en la tercera ola de COVID-19.
“No creo que podamos llegar ni al 5 por ciento de las escuelas”, dijo el representante sobre las unidades educativas que estarían listas para un posible retorno a clases presenciales.
“Se concluyó con las inspecciones en unidades educativas para ver cómo se va a enfrentar el tema de refacciones, mantenimiento y definitivamente es una etapa bastante difícil. Pero más allá de lamentos, se requiere una acción rápida en torno a garantizar lo que ha ido planteando este año, el Gobierno central ha planteado que es el Año por la Recuperación del Derecho a la Educación”, indicó.
Guzmán sugirió que los gobiernos municipales deberían reunirse para abordar el tema y plantear una salida de manera conjunta para afrontar el aspecto educativo en tiempo de pandemia, que es delicado y trascendental y que no pude dejarse atrás; más por el contrario, debería ser primordial para el desarrollo de la sociedad.
El representante consideró que se debería conformar una plataforma sería para abordar el tema educativo de manera conjunta.
“Debería haber un diálogo entre todos, debería generarse una plataforma de las alcaldías que sea seria, serena, con dialogo y sin mentiras. Hay la necesidad de hacer una cumbre para que se decida cómo se afrontará esta crisis, con acciones rápidas, responsables y con mayor inversión”, señaló Guzmán.
Asimismo, destacó la labor de los padres de familia, quienes siempre están apoyaron para mejorar las instituciones educativas con aportes propios e incluso con mano de obra, con el objetivo de que sus hijos optimicen su calidad educativa.
Por su parte, el profesor Alex Morales, dirigente del magisterio urbano, informó que como maestros realizaron un reclamó a la Alcaldía alteña por la falta de infraestructura y medidas de bioseguridad, pero solo argumentaban que no se cuenta con el presupuesto por un mal manejo de la gestión de Soledad Chapetón.
“Cuando hemos hecho nuestro pronunciamiento, nos responden que les han dejado quebrados, que no tienen presupuesto y que tienen que pasar por muchos pasos administrativos (…). Los municipios y gobernaciones no cuentan con un protocolo a seguir (en tema educativo), solo emiten discursos, pero no inversiones”, lamentó el maestro.
Morales indicó que, en el caso de El Alto, la alcaldesa Eva Copa se habría comprometido a realizar la conexión de internet a unidades educativas, pero que los establecimientos tienen otras prioridades referidas a la prevención de contagios.
“Se necesita más la implementación de un protocolo de bioseguridad para el posible retorno a las actividades escolares en los 14 distritos, que tienen a más de 400 unidades educativas. Además, aún falta equipamiento e infraestructura y no hay las condiciones”, expresó Morales.
El representante del magisterio urbano considera la urgencia de implementar cámaras de desinfección, habilitar el uso de agua potable para muchas unidades educativas que no cuentan con este servicio básico, construir más baños diferenciados para niñas y niños porque hay muchos establecimientos en los que se debe compartir. Morales señaló que la Alcaldía debería invertir en estas refacciones y reacondiciones porque los padres de familia ya están cansados de seguir invirtiendo.
Asimismo, el director departamental de Educación, Carmelo López, pidió a las autoridades garantizar elementos de bioseguridad en las diferentes unidades educativas para un posible retorno a clases.
“La ciudad de La Paz y El Alto, en este aniversario, colóquense la camiseta. Al señor (Iván) Arias y Eva Copa, puedan hacer los mayores esfuerzos de implementar elementos de bioseguridad en las unidades educativas”, indicó López.
El director indicó que maestros y padres de familia tienen un compromiso para recuperar el derecho a la educación, porque significa el desarrollo de cada familia y, por ende, del país.
“Debemos trabajar (por la educación) porque significa el desarrollo de nuestro país, tuvimos una gestión funesta para la educación boliviana (por la clausura adelantada del año escolar), coloquemos el hombro por la educación”, indicó.
El presidente de la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia de Colegio Privados (Andecop), José Antonio Pereira, consideró que muchas normativas sólo quedan en el papel y ni los municipios ni gobernaciones cumplen con sus funciones, por lo que es importante que el Gobierno central, desde el Ministerio correspondiente, impongan un plazo a los gobiernos regionales para que éstos equipen a las unidades educativas.
“El papel resiste todo, las unidades educativas no están preparadas para el retorno a clases”, indicó Pereira.
Señaló que la situación de los colegios privados es similar en algunos aspectos, pero muchas veces los padres deben aguantar todo para que sus hijos sigan estudiando.
Marco legal para la educación
De acuerdo con la Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa, se delega responsabilidades del Gobierno central a las prefecturas y gobiernos autónomos municipales para que administren sus recursos económicos. Asimismo, la Ley N° 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” determina la administración y gestión de la educación en el marco de las descentralidades y autonomías. Y la Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa determina la transferencia del 20% de los recursos de recaudación fiscal a los municipios mediante criterio poblacional para financiar el gasto de inversión en educación; a su vez, la Ley Nº 2235 de Diálogo Nacional 2000 señala que el 20% de los recursos se destinan para mejoramiento de la calidad de la educación y se reparten de acuerdo a la población escolarizada por municipio.
En ese contexto, los gobiernos departamentales son responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los Institutos Técnicos y Tecnológicos. En tanto, los gobiernos municipales son los responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las unidades educativas de educación regular, alternativa y especial.
La gestión 2020, el COVID-19 puso al mundo de cabeza, provocó una crisis sin precedentes en todos los ámbitos a nivel mundial. El área de la educación se vio muy afectada y se puso en emergencia por el cierre masivo de las actividades presenciales y la falta de una respuesta oportuna del gobierno de facto de Jeanine Áñez y de los gobiernos regionales, empeoraron la situación, porque solo optó por clausurar la gestión escolar a finales de julio, atentando contra el derecho a la educación de los estudiantes.
Esta nueva gestión, se hizo lo posible para que los estudiantes recuperen el tiempo perdido y para ello se declaró como el “Año por la recuperación del derecho a la educación”. Por los casos de COVID-19 en la región, con objetivo de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto, el Ministerio de Educación determinó que las clases sean virtuales; y en lugares donde no se tenían casos de coronavirus se optó por la modalidad semipresencial, siempre y cuando se cumplan con las normas de bioseguridad, con el objetivo de precautelar la salud de los estudiantes y los maestros.
El Gobierno central está implementando diferentes políticas con el objetivo de mejorar la situación de la educación en el país, medidas como: dotación de cartillas educativas para todos los estudiantes, plataforma educativa con material de apoyo y capacitación a maestros para la enseñanza digital, entre otras.
