Leyda Gutiérrez (nombre convencional) llega a las 03.00 a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) cubierta con la ropa de su cuerpo, un poncho y calzando unas chinelas. Habla fuerte, pero tiene la voz entrecortada entre el llanto y el frío. Al ingresar debe detenerse porque una policía le corta el paso para iniciar el interrogatorio, para luego indicarle que tome asiento en una silla y espere a ser atendida.
El Artículo 271 de la Constitución Política del Estado dispone que “La Policía Boliviana como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, y la conservación del orden público”.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada el 9 de marzo de 2013, crea la FELCV como órgano especializado de la prevención, auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los presuntos agresores hacia las mujeres.
Diariamente las mujeres víctimas de violencia, como Leyda, llegan a la FELCV, a los Servicios Legales Integrales (SLIM) de las alcaldías o a la Fiscalía de todo el país a presentar sus denuncias. El 2020, de enero a noviembre, recibieron 26.435 casos, la FELCV y el Ministerio Público.
Una vez que estas instituciones toman el control del caso, la mujer suele ser sometida a la revictimización por parte de policías, bajo sus esquemas patriarcales, sin considerar que la violencia tiene sus raíces en las relaciones de poder, donde el hombre es el patriarca y la mujer la subordinada, llegando inclusive a culpar a la mujer por lo sucedido, justificando que sufra violencia o la vida que lleva.
Cuando una mujer busca ayuda profesional es porque es abusada física y/o psicológicamente repetidas veces por su pareja. Esta mujer está estresada, ansiosa, con depresión, insegura, con la autoestima baja, con sentimientos de culpa, algunas pueden creer que hasta merecen los castigos y que son incapaces de cuidar de ellas mismas y de sus hijos, vive aislada y tiene una dependencia emocional del maltratador.
Las mujeres víctimas de violencia, al recurrir a diferentes servicios especializados, deberían poder expresar su historia tal como desean, debería practicarse con ellas la escucha activa, empática, que proporcione validación de la experiencia de la mujer, en la cual no se la juzgue, interprete, ni aconseje. Se debe controlar su ansiedad, darle cariño, seguridad, etc.
En este marco y revisando la oferta académica de la Academia Nacional de Policías (Anapol), encontramos que de 49 asignaturas que cursan en cuatro semestres, solo dos asignaturas tienen que ver con el trabajo específico de la FELCV: Violencia Intrafamiliar y Psicología Aplicada. Es decir que, 4.034 horas de estudio son asignaturas como: Preservar la seguridad y el orden público, Preservar los bienes públicos, investigación; Ejercer control, Operaciones policiales, Tráfico vehicular, Técnica de armas y tiro de precisión, Uso de la fuerza, Liderazgo y Mando; Mantenimiento del orden público, etc.; y 144 horas están destinadas a apoyar a las víctimas de violencias.
La Malla Curricular de la Policía nos demuestra que la Policía no está formada para atender a las mujeres agredidas por la pareja porque no podría transmitir confianza, seguridad, cariño. Asimismo, la Policía es formada para ejercer sus funciones con base en las jerarquías de grado donde hay personas superiores e inferiores. Entonces difícilmente podrá ayudar a mujeres violentadas por una pareja que genera subordinación, a través del control y dominación para mantener el statu quo del patriarcado y gozar de los privilegios que éste le otorga.
En este sentido, es necesario que se sustituya a la Policía por instancias de la sociedad civil, con profesionales que tengan la experticia en el desarrollo humano de las mujeres, ya que el problema de la violencia no puede ser atendido centrándose en el último hecho de agresión o en la mujer agredida. Se debe trabajar con un equipo multidisciplinario que dé respuestas legales, laborales, sociales, las que influirán en su recuperación y restitución de los derechos de las mujeres violentadas.
Son de prioridad intervenciones integrales que den seguridad, empoderamiento, diversificación de alternativas, comprensión de las opresiones que sufren y que las mujeres tomen sus propias decisiones, se trata de ayudarle a que recupere el control de su propia vida, su independencia, a partir del desarrollo de sus potencialidades, y del contexto social y cultural.
Las mujeres víctimas requieren intervenciones grupales que les permitan compartir y validar sus experiencias y recibir apoyo social, aprender diferentes estrategias y desdramatizar su situación, comprendiendo que no es un problema individual, que no son responsables y que pueden superar lo vivido.
La recuperación de una víctima de violencia puede requerir hasta un año o más de trabajo, lo que involucra a equipos multidisciplinarios, además de equipamiento, infraestructura, logística, recursos económicos, para lograr que puedan vivir con dignidad. El Estado en sus diferentes niveles está en la obligación de implementar esta ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia, junto a las organizaciones y colectivos de mujeres.
