El proyecto de Ley Antibloqueos, presentado por el diputado Carlos Alarcón en la Cámara de Diputados, comenzó a generar rechazo en algunos sectores sociales, que advierten una posible criminalización de las medidas de presión, incluso antes de que la iniciativa ingrese a su tratamiento en comisiones.
La propuesta legislativa plantea declarar el bloqueo de vías como delito penal y establecer sanciones de hasta 20 años de cárcel, tras los recientes hechos de violencia registrados en Cochabamba, particularmente en el municipio de Colcapirhua.
De acuerdo con el contenido del proyecto, las penas se aplicarían de manera diferenciada según la gravedad de los hechos:
- Bloqueo básico: sanciones de tres a seis años de prisión.
- Organización y financiamiento: penas de cinco a ocho años de cárcel para quienes promuevan o instiguen los bloqueos.
- Violencia y destrozos: sanciones de 10 a 20 años de prisión en casos de agresiones a personas o daños a bienes.
La iniciativa también incluye disposiciones de protección legal para policías y militares que participen en operativos de desbloqueo, siempre que actúen bajo protocolos y con uso proporcional de la fuerza, además de la obligación estatal de dotar equipamiento previo a los operativos.
Asimismo, se plantea autorizar operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas en las denominadas “zonas rojas”, donde se detecte el uso de dinamita o armas de fuego, y la abrogación de la Ley 1341, que regula los estados de excepción.
Rechazo desde sectores sociales
Desde la ciudad de El Alto, el dirigente gremial, Toño Siñani, cuestionó el proyecto y advirtió sobre sus posibles efectos sociales.
“Gracias a las organizaciones sociales hemos hecho retroceder a Evo. Diputados m4nc4g4stos, no jueguen con el hambre del pueblo”, afirmó, al señalar que los bloqueos y movilizaciones cumplen un rol reivindicativo y no político.
Siñani sostuvo que penalizar estas medidas de presión afectará directamente a la población y pidió a los legisladores priorizar soluciones a la crisis económica antes que sanciones penales contra la protesta social.
El proyecto deberá ser evaluado por las comisiones correspondientes, mientras continúan las reacciones y cuestionamientos desde distintos sectores sociales.
(16-12-2025)
