A una semana de asumir la Presidencia, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira presentó ayer domingo un balance preliminar sobre la situación administrativa del Estado. De acuerdo con la información proporcionada por el Ejecutivo, las primeras revisiones realizadas en ministerios, empresas públicas y entidades reguladoras apuntan a un posible daño económico que podría superar los 15.000 millones de dólares, cifra que aún debe ser verificada mediante auditorías formales.
El Gobierno explicó que esta evaluación inicial se llevó adelante tras la toma de control de las instituciones el pasado 8 de noviembre, e incluye revisión de contratos, inversiones, adquisiciones y operaciones ejecutadas en los últimos años. Los informes internos advierten sobre fallas estructurales, retrasos prolongados en proyectos y presuntas irregularidades en áreas sensibles.
Uno de los hechos señalados como emblemáticos es la adquisición de radares aéreos por un monto superior a 360 millones de euros, equipos que —según la información recabada— no habrían ingresado en operación plena desde su compra hace más de una década. Este caso será parte de los procesos de auditoría que se activarán en coordinación con los ministerios vinculados.
En el sector de hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB reportaron sus primeros hallazgos: una cisterna con carga irregular que derivó en nuevas denuncias y permitió abrir las primeras investigaciones sobre posibles redes internas dedicadas al desvío de combustibles. El Ejecutivo indicó que estas alertas surgieron a partir de controles intensificados en los últimos días.
Auditorías y reordenamiento institucional
El presidente Paz señaló que la prioridad inmediata es ordenar la administración pública y establecer responsabilidades con base en evidencia. Entre las medidas anunciadas destacan:
- Auditorías integrales en todas las entidades públicas.
- Digitalización de la información económica y administrativa para reforzar la trazabilidad y la transparencia.
- Formalización de denuncias ante el Ministerio Público con respaldo documental.
- Revisión del marco normativo para agilizar procesos y reducir espacios de discrecionalidad.
El Presidente añadió que el objetivo no es abrir procesos de persecución política, sino esclarecer cada caso con documentación verificable. También anticipó que la cifra preliminar del posible daño económico podría variar una vez concluyan las auditorías sectoriales.
Pese al diagnóstico inicial, el Gobierno aseguró que el abastecimiento de gasolina y diésel está garantizado y que se han tomado medidas para evitar nuevas fugas de recursos. En la evaluación económica, destacó tres señales positivas registradas en los primeros días: una mejora en la percepción internacional de riesgo país, estabilidad en el tipo de cambio y un abastecimiento regularizado de combustibles.
El Ejecutivo reconoció que el país atraviesa un contexto delicado, pero afirmó que se están sentando bases para fortalecer la estabilidad fiscal y recuperar la confianza interna y externa.
En los próximos días se anticipa la presentación de los primeros informes oficiales, con detalles sobre los hallazgos y las investigaciones que serán remitidas a las instancias pertinentes.
(17-11-2025)
