Los privados de libertad de los penales de Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando) se declararon este domingo en emergencia nacional, exigiendo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que extienda a todos los reclusos con detención preventiva el beneficio de revisión de plazos que se aplicará a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
“Nos declaramos en estado de emergencia pacífica nacional (…) porque creemos que somos iguales ante la ley. Si bien somos privados de libertad, también tenemos derecho e igualdad”, señalaron delegados de los internos en un pronunciamiento público.
La decisión del TSJ
El pasado viernes, el TSJ ordenó a todos los tribunales del país verificar, en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación, el cumplimiento de los plazos legales en las medidas cautelares de detención preventiva en los casos de Áñez, Camacho y Pumari.
El instructivo establece que los jueces deben revisar si estas medidas excedieron los tiempos establecidos por la norma y, en caso de corresponder, aplicar las acciones legales que permitan subsanar la vulneración de derechos.
“Igualdad ante la ley”
Los privados de libertad demandan que este beneficio no sea solo para figuras políticas de alto perfil, sino que se extienda a todos los detenidos preventivos del país. “Que también puedan tener la posibilidad de salir libres aquellos que estamos detenidos preventivamente en toda Bolivia y que no ha habido ese favoritismo”, expresó un delegado.
Contexto
Actualmente, más de la mitad de los privados de libertad en Bolivia cumplen detención preventiva sin sentencia firme, lo que ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales como un problema estructural del sistema de justicia.
Áñez cumple una condena de 10 años de cárcel por el caso “Golpe II”, mientras que Camacho y Pumari están detenidos preventivamente por los hechos de 2019. Este lunes tienen audiencias de revisión de sus medidas cautelares.
(24-08-2025)
