La Procuraduría General del Estado pidió recientemente que la jerarquía eclesiástica que conformaba la Conferencia Episcopal Boliviana en 2019 pueda ser convocada a declarar en el caso Golpe de Estado I, informó el abogado de la Procuraduría, Rolando Cruz.
Según el jurista, en caso que la Fiscalía acepte la recomendación, los obispos serán convocados en calidad de testigos, “por lo que no deberían preocuparse, ni argumentar persecución política”.
“Es importante la determinación que toma la Procuraduría (…) la jerarquía eclesiástica no tiene por qué preocuparse, no tienen por qué desgarrarse las vestiduras”, indicó en entrevista con Bolivia TV.
Para Cruz, solo se busca conocer la verdad histórica de los hechos de 2019 y los testigos podrían dar la información que se requiere para el esclarecimiento de la ruptura del orden constitucional.
Según la parte denunciante, la trama “conspirativa” del 2019 se plasmó en una “reunión secreta” en la Universidad Católica Boliviana, el 10 de noviembre, en la que enviados de Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, la jerarquía católica, Waldo Albarracín y embajadores, “sin la presencia del Movimiento al Socialismo”, habrían definido que Jeanine Áñez asuma la presidencia.
Caso «Golpe de Estado I»
La denunciante de este caso es la exdiputada Lidia Patty, quien amplió la denuncia en contra de las exautoridades que acompañaron a Añez durante su administración y los políticos que habrían allanado “el camino ilegal en noviembre de 2019”.
La Fiscalía investiga la presunta comisión del delito de terrorismo, la principal investigada en este caso es la expresidente Áñez, quien está recluida en el penal de Miraflores.
Además, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está recluido preventivamente en el penal de Chonchocoro de La Paz desde el pasado 30 de diciembre 2022 y es investigado por terrorismo, “seducción de tropas” y cohecho.
