La Procuraría General del Estado (PGE) cuestionó este viernes la decisión de los Tribunales de El Alto y de Sacaba de declararse incompetentes para procesar a la expresidente Jeanine Áñez por la vía ordinaria, por las “masacres” de 2019. Por lo que anunciaron que utilizarán todos los recursos legales para revertir esa decisión.
“La Procuraduría utilizará todos los recursos legales a su disposición para revertir estas decisiones que amenazan el derecho fundamental a una justicia íntegra, independiente y transparente”, indica un comunicado gubernamental.
Esta postura se da luego de que el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba se declarara incompetente para juzgar a la exmandataria por la “masacre de Sacaba”, al igual que lo hizo, a fines de octubre, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto para procesar a Añez por la “masacre de Senkata” en la vía ordinaria.
Además, la Procuraduría General del Estado expresó su “enérgico rechazo” a esas decisiones judiciales porque “no solo contradicen la normativa procesal penal, sino que también desafían sentencias inapelables y vinculantes de la justicia constitucional y ordinaria, irrespetando así la memoria de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba ocurridas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez”.
“Los jueces que, de manera ilegal, se auto declaran incompetentes para enjuiciar penalmente a la exsenadora Jeanine Áñez y sus cómplices por su participación en la ruptura del orden constitucional, hace exactamente cuatro años, están privando a las víctimas de las garantías de Memoria, Verdad y Justicia”, manifestó la Procuradoría.
Según el ente gubernamental, la llamada “sucesión ipso facto” solo se aplica desde la presidencia del Estado, hasta la vicepresidencia y presidencias de las cámaras de Senadores y Diputados. Por lo que, no existió ningún justificativo legal para que la entonces senadora de la oposición, Jeanine Áñez pudiera ser proclamada como presidente.
Por este hecho, Áñez fue condenada, en la vía ordinaria, a 10 años de prisión en junio de 2022, por los delitos de «incumplimiento de deberes» y «resoluciones contrarias a la Constitución».
