La exsenadora Plácida Espinoza, quien presidió la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal antidisturbios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), reveló este viernes que Arturo Murillo también se benefició con un negociado que se hizo en relación al costo del transporte de los gases lacrimógenos adquiridos con sobreprecio.
“La empresa Cóndor era quien vendía, pero el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, envió una nota a la empresa cambiándola por otra, él firma una nota donde estos materiales también deberían ser entregados en Brasil, y en el transporte de esos materiales también hubo la malversación porque en el traslado se ha gastado el doble de lo que costaba”, señaló Espinoza, entrevistada por Bolivia Tv.
Asimismo, recordó que durante el proceso de investigación, la Comisión convocó a Murillo y a sus colegas miembros del gabinete de facto de entonces: Fernando López, Yerko Núñez y Óscar Ortiz, sin embargo, ninguno de los citados acudió para brindar explicaciones sobre las irregularidades que se había detectado en el proceso de adquisición de este material.
“En ese entendido, realmente los autores tampoco se presentaron ante la Comisión durante la investigación, ya sea el señor Arturo Murillo, como Yerko Núñez, Óscar Ortiz y el señor Fernando López que estaba comandando las Fuerzas Armadas”, ratificó la exlegisladora.
El 26 de octubre de 2020, el pleno de la ALP aprobó el informe final de la Comisión Mixta recomendando remitir una copia a la Fiscalía General del Estado para que inicie las acciones legales contra cuatro exautoridades: los tres exministros mencionados, el expresidente de la Aduana Nacional; además del extitular del Ministerio de Economía, Óscar Ortiz, por encubrir la presunta comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.
En ese entonces, los convocados presentaron notas con una serie de excusas orientadas a desconocer las atribuciones que, por mandato de la ALP, poseía esta Comisión; en consecuencia, estas autoridades adecuaron su conducta a los delitos de incumplimiento de deberes, e impedir y estorbar el ejercicio de funciones, ambos tipificados en el Código Penal.
En el documento, la Comisión Mixta de Investigación evidenció el daño económico causado al Estado en la adquisición de agentes químicos no letales por parte del Ministerio de Defensa con un considerable sobreprecio, que tendría que haber sido determinado por la Contraloría General del Estado.
La exlegisladora recordó con pesar que estos materiales adquiridos de forma irregular sirvieron para reprimir al pueblo que rechazaba el golpe de Estado.
“Esos materiales eran para acallar al país por el golpe de Estado, hubo tantos muertos en Senkata, Sacaba, Betanzos y otros lugares donde hubo represión para acallar a nuestro país, principalmente a los pueblos originarios y a nuestros hermanos trabajadores, la clase humilde. No es justo y la justicia tiene que actuar”, finalizó.
