El fiscal a cargo del caso denominado «Golpe de Estado I», Omar Mejillones, sostuvo recientemente que «no existen garantías» de seguridad para ejecutar un posible traslado del gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro hasta la capital cruceña.
La recomendación de traslado fue emitida por un juez con el objetivo de que Camacho participe de manera presencial en el juicio oral del caso Decretazo, programado para el próximo 25 de julio.
“No hemos sido parte de esa acción de libertad. Seguramente, si corresponde, nos harán conocer nuestros antecedentes, pero a criterio de este proceso, considero que es riesgoso que pueda trasladárselo a la ciudad de Santa Cruz por el mismo contexto que ha ocurrido al momento de su aprehensión”, dijo Mejillones.
Por otro lado, desde la Dirección General de Régimen Penitenciario no se emitió un pronunciamiento oficial respecto al cumplimiento o no de la orden judicial.
Mientras que la Procuraduría arguye que lo dispuesto por el juez en una reciente audiencia fue solo una recomendación administrativa y no así una orden judicial como indica la defensa legal de Camacho.
Luis Fernando Camacho permanece en el penal de Chonchocoro desde diciembre de 2022, imputado por su presunta participación en los hechos investigados dentro del caso denominado «Golpe I».
