Este martes, el exlíder cívico Rómulo Calvo fue sentenciado a cuatro años de prisión por un proceso penal que inició el año 2005, en el que fue acusado de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la compra de unos terrenos ubicados en la zona del Plan Tres Mil en Santa Cruz.
Además, la jueza Graciela Cuellar sentenció a cinco años de prisión al exalcalde de Santa Cruz, Roberto Fernández, por los mismos delitos. Sin embargo, en ambos casos, la sentencia aún puede ser apelada.
“La ley nos otorga 15 días hábiles, que seguramente vamos a utilizar para presentar nuestro recurso de apelación y luego de eso el Tribunal departamental decidirá si confirma esta irregular e incongruente sentencia”, manifestó el abogado de Calvo, Martín Camacho, en entrevista con Bolivisión.
El jurista explicó que este juicio inició luego de que Rómulo Calvo asumiera el cargo de Alcalde interino, hace 18 años, “y a raíz de una resolución administrativa que lo obliga a través del Consejo a firmar un protocolo de un proceso de expropiación que data del año 83’, (…) se obliga a realizar el pago para perfeccionar el derecho propietario de las personas que ya estaban ocupando estos terrenos, de lo que hoy se conoce como la populosa zona del Plan Tres Mil”.
Y agregó que la autoridad jurisdiccional no estaría tomando en cuenta las consecuencias que traería la sentencia, ya que el derecho propietario de las personas que habitan el lugar podría ser revertido al “dueño original”.
“Al considerarse el pago supuestamente irregular, debería revertirse, en todo caso, el derecho propietario al dueño original. Y habría que ver qué es lo que va a suceder socialmente o cual va a ser la conmoción y el resultado de esta sentencia”, indicó Camacho.
En tanto, mientras no se presente el recurso de apelación ambas exautoridades permanecerán en libertad.
