El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este martes que una investigación iniciada por un presunto tráfico de vacunas contra el COVID-19 en un inmueble que funcionaba como clínica en la ciudad de La Paz se ampliará hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
“Tenemos una queja en Santa Cruz que la vamos a atender y también hemos recibido (denuncias) de Cochabamba”, manifestó, citado en un boletín institucional.
La autoridad hizo la declaración durante una operación conjunta con la Policía Boliviana realizada ayer, lunes, en un establecimiento que operaba como clínica en la zona de Villa Fátima de La Paz que aplicaba supuestas vacunas contra el COVID-19, donde también se aprehendió a dos personas.
Silva reiteró que las únicas instituciones autorizadas para la distribución de las inyecciones inmunizantes son los servicios departamentales de salud y las entidades de seguridad social a corto plazo.
En ese sentido, la autoridad explicó que se investiga el caso con tres hipótesis: la sustracción de los reactivos de depósitos de un servicio departamental de salud o una caja de salud; la comercialización de otro tipo de reactivo, lo que podría poner en riesgo la vida de la población o el contrabando de vacunas.
“Nos preocupa enormemente este tema porque no sabemos si estas vacunas son originales, si son truchas o si se está internando al país vacunas por contrabando”, dijo.
Por último, Silva mencionó que si los fármacos hallados en el inmueble que funcionaba como clínica son inoculantes originales para el COVID-19 sería grave, porque eso “significaría que de las cajas o los servicios departamentales de salud se estaría sustrayendo estas vacunas para ponerlas a la venta a través de estos consultorios privados o clandestinos”.
“Sería grave si fueran vacunas truchas o que sean otro producto, porque eso sería letal para la vida de las personas que se estarían animando a ir a estos consultorios a hacerse vacunar”, finalizó.
