Un nutrido grupo de trabajadores inactivos, agrupados en el Movimiento de Emergencia Nacional, cercó este miércoles las inmediaciones de la Asamblea Legislativa en La Paz para demandar la devolución del 100% de sus aportes jubilatorios.
Los manifestantes, que rechazan la administración de la Gestora Pública, argumentan que el sistema actual solo garantiza rentas «indignas» que no cubren el costo de vida básico, y exigen que sus ahorros sean tratados como propiedad privada y no como una «caja chica» para el financiamiento del gasto estatal.
El dirigente Henry Jiménez denunció que las rentas actuales oscilan entre los 750 y 1.000 bolivianos, lo que representa apenas el 20% o 30% del salario que percibían los trabajadores en su etapa activa.
Ante este escenario, el sector ha presentado un proyecto de ley que plantea el retiro total de los fondos, bajo la premisa de que «la jubilación es responsabilidad de cada individuo» y no de un Estado al que acusan de falta de transparencia.
La movilización busca presionar a los parlamentarios para que retomen el tratamiento de esta iniciativa, que debió discutirse en enero pasado. Según los dirigentes, ya cuentan con el compromiso de la diputada Sandra Rivero (PDC) para impulsar el trámite legislativo. Sin embargo, advirtieron que las protestas serán permanentes a nivel nacional y que no descartan radicalizar medidas con huelgas de hambre si no reciben una respuesta inmediata.
La transición de los fondos de pensiones de las antiguas AFP a la Gestora Pública ha sido uno de los puntos más polémicos de la última etapa del Movimiento Al Socialismo y ha continuado bajo vigilancia en la gestión actual. En 2020, en medio de la crisis económica por la pandemia, este mismo sector logró la devolución excepcional del 15% de sus aportes, lo que sentó un precedente que hoy sirve de base para exigir el retiro total. La desconfianza radica en la sostenibilidad del fondo y en la sospecha de que los recursos se utilicen para cubrir el déficit fiscal del Gobierno.
