Tras cinco años de litigio internacional, el Tribunal Arbitral falló a favor del Bolivia en el proceso instaurado por la empresa Compañía Minera Orlandini Ltda. Con esta decisión, el país no tendrá que indemnizar a la demandante.
“El Tribunal Arbitral ha aceptado nuestras defensas sobre el fondo del caso, rechazó todas las pretensiones de los demandantes, de la empresa Orlandini y declaró que Bolivia cumplió sus obligaciones internacionales. Al tratarse de una decisión sobre el fondo de los reclamos, los demandantes no podrán volver a plantear estas pretensiones”, informó este viernes el procurador general del Estado, Cesar Siles.
Según la autoridad, la empresa había presentado una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), con sede en París, Francia, alegando medidas de presunta expropiación de sus concesiones mineras, atribuyendo la apropiación ilegal del Estado boliviano.
Sin embargo, el Laudo Arbitral, emitido el 2 de noviembre de este año, por la CPA, rechaza los principales reclamos de los demandantes concluyendo que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones suscrito con los Estados Unidos.
Por ello, Bolivia deberá pagar “solamente los costos administrativos del servicio de arbitraje”; es decir, $us 600.000 y no así la indemnización que exigía Orlandini: aproximadamente $us 253 millones en el Laudo Arbitral.
“La pretensión era solicitar que se declare procedente su solicitud de arbitraje (…). Es una victoria para el Estado Boliviano”, agregó Siles.
Esta decisión marcaría un hito en la defensa del Estado boliviano. Y en el marco del procedimiento y en cumplimiento del principio de reserva, el contenido completo del Laudo Arbitral (que no difiere de la decisión de fondo) será compartido con las partes en un momento posterior.
“Dicho fallo goza todavía del principio de reserva y confidencialidad, así lo dispone el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del 2014”, dijo el Procurador.
La demanda Orlandini
El Estado boliviano fue notificado con el caso CPA 2018-39 el 5 de febrero de 2018. Desde entonces el equipo jurídico de la Procuraduría fue acompañado con el patrocinio externo de Dechert (París) LLP y desarrollaron más de 100 actuaciones procesales y comunicaciones de defensa en representación del Estado boliviano.
