El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, denunció que los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habrían activado una nueva maniobra jurídica destinada a impedir que jueces y salas constitucionales del país conozcan acciones legales en su contra.
Según Saucedo, esta actuación marca el punto más crítico del prolongado conflicto que enfrenta al órgano judicial con los magistrados que continúan en funciones pese a que su mandato concluyó a fines de 2023.
La controversia surge a partir de una complementación y aclaración emitida de oficio al Auto Constitucional 70/2025, mediante la cual los magistrados prorrogados buscan establecer restricciones para que otras instancias judiciales no puedan admitir o tramitar acciones constitucionales orientadas a cuestionar su permanencia en el cargo. Para el TSJ, esta decisión no solo afecta la independencia de los operadores de justicia, sino que constituye un intento de blindar la continuidad de los magistrados mediante interpretaciones que excederían el marco constitucional.
Saucedo afirmó que esta situación representa un “límite” para la institucionalidad, al considerar que los magistrados del TCP estarían intentando “atemorizar” a los jueces que asuman denuncias o demandas constitucionales relacionadas con la ampliación de su mandato. Sostuvo que el sistema judicial no puede tolerar más arbitrariedades ni permitir que cinco autoridades definan la actuación del resto del aparato jurisdiccional.
El presidente del TSJ garantizó públicamente que todos los jueces y salas del país cuentan con respaldo para ejercer sus funciones con independencia y aplicar la Constitución por encima de cualquier presión externa. Afirmó además que Bolivia no puede permitir que decisiones cuestionadas legalmente se conviertan en un precedente que debilite la división de poderes.
En paralelo, avanza un proceso penal iniciado por dos magistradas electas del propio Tribunal Constitucional, quienes acusan a los prorrogados de presunta falsedad ideológica y otras irregularidades vinculadas a la extensión de su mandato. Si bien la discusión jurídica continúa, el caso se ha convertido en un símbolo de la disputa sobre el control institucional del sistema de justicia boliviano.
Mientras tanto, el país espera nuevas decisiones judiciales y legislativas que podrían definir el futuro del conflicto: si se ratifica la actuación de los magistrados prorrogados o si se abre un proceso formal que ponga fin a su permanencia en el Tribunal Constitucional.
El episodio revela una tensión creciente dentro de la estructura judicial del Estado y coloca nuevamente en debate la vigencia de la independencia judicial, la seguridad jurídica y la necesidad de una reforma profunda de la administración de justicia.
(25-11-2025)
