El Proyecto de Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), refuerza las medidas de control en el marco de las normas vigentes y se adapta a las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señaló este martes el Ministerio de Economía y Finanzas Pública.
“Se realiza esta aclaración luego de las declaraciones del senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, quien asegura que este proyecto de ley, según su criterio, estaría otorgando atribuciones irrestrictas a la UIF, aspecto no coincide con la esencia de la norma”, indicó esa Cartera de Estado mediante una nota de prensa.
El proyecto de ley pretende integrar, organizar y coordinar los esfuerzos de todas las entidades involucradas en el combate de las actividades delictivas de Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, a efectos de generar sinergias que permitan potenciar y hacer más eficaz el combate de esos delitos.
“Este proyecto de ley contempla actividades para instituciones públicas y bajo ninguna forma constituye un instrumento de persecución política, ni sindical, ni comercial, sino por el contrario es una decisión de Estado que busca proteger a la sociedad y su economía de los efectos nocivos de estos actos delictivos”, señala la nota.
Agrega que el no contar con medidas de prevención y detección oportunas, conlleva a que en el futuro el país incumpla los estándares internacionales mencionados, lo cual se traducirá en sanciones con consecuencias negativas para Bolivia, como ser restricciones para el sistema financiero y la economía nacional, convertidas en mayores exigencias en transacciones financieras internacionales que afectarán al sector empresarial y repercutirán en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser las remesas, transferencias, giros y operaciones de comercio exterior.
En noviembre de 2021 el Estado Boliviano será sometido a una evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financieras Internacional.
Marco normativo
En el marco de lo dispuesto en la Ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, la UIF tiene como atribuciones investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros de su competencia; y realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar los delitos relacionados.
“A tal efecto, puede solicitar información sobre actividades inusuales o sospechosas vinculadas a la Legitimación de Ganancias o Financiamiento del Terrorismo y no así de forma irrestricta, como desafortunadamente refleja la publicación realizada”, indica el reporte.
La nota explica que la facultad de realizar acciones de oficio se encuentra prevista desde la gestión 2010, en el artículo 18 de la Ley 004 para casos de corrupción, por lo cual, la estrategia busca que se formule la actualización de esta normativa para la Legitimación de Ganancias Ilícitas, aspecto que también está contenido en el artículo 485 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, promulgada el año 2013.
“Todas las normas señaladas, guardan correspondencia con las obligaciones emergentes en diversos tratados internacionales suscritos por el país para la lucha contra dos de los crímenes transnacionales, como es el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, asegura.
El Ministerio de Economía explicó que la UIF, a nivel internacional, se maneja bajo el principio de acceso a la información y Bolivia estaría fuera de esos parámetros si esa instancia boliviana no tiene acceso, en el marco de las recomendaciones de la GAFI, a objeto de investigar los crímenes antes señalados.
