En un tono inusualmente severo, el presidente Rodrigo Paz lanzó hoy un ultimátum a las organizaciones sociales y sindicales: el uso de explosivos en las manifestaciones públicas ya no será tolerado bajo el amparo del derecho a la protesta. «Es la última vez», sentenció el mandatario, advirtiendo que cualquier manifestante que emplee dinamita para amedrentar o dañar a terceros será procesado y enviado a prisión.
Las declaraciones se produjeron durante un acto en homenaje a los mártires de la calle Harrington, donde hace 45 años ocho líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron masacrados por la dictadura de García Meza.
Para Paz, el uso de «cachorros de dinamita» —una práctica arraigada en la protesta minera y sindical en Bolivia— ha cruzado el límite de lo aceptable en una democracia moderna. El Presidente vinculó el uso de explosivos con la corrupción, calificando ambos actos como «daños a la patria».
“Aquellos que usen dinamita y le hagan daño a otro boliviano, se irán a la cárcel. No se puede usar la dinamita contra quien piensa diferente ni para meter miedo al conjunto de la sociedad”, afirmó Paz.
Consultado sobre el proyecto de Ley Antibloqueos que avanza en la Asamblea Legislativa, el Jefe de Estado mantuvo un «equilibrio»: defendió el derecho constitucional a la protesta, pero lo supeditó al respeto por la vida y la propiedad ajena.
Con este discurso, el Gobierno prepara el terreno para la implementación de medidas de seguridad más estrictas, enviando un mensaje directo a la Central Obrera Boliviana (COB) y a las facciones radicales del evismo que aún amenazan con reactivar las protestas si sus demandas no son satisfechas totalmente.
