El director de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Solución Temprana, Cristhian Miranda Dávalos, informó este viernes que tras la implementación de las unidades de conciliación en cada fiscalía departamental se desarrollaron 25.000 procesos, de los que 5.000 lograron acuerdos conciliatorios.
“Son cinco mil acuerdos conciliatorios desde el 20 de enero de 2020, esto significa que a la fecha, (a) casi dos años que tienen vigencia nuestras unidades de conciliación, se han logrado cerrar cinco mil procesos”, indicó Miranda.
Explicó que la conciliación es una medida alternativa a un juicio ordinario para solucionar los conflictos. Se llega a un acuerdo satisfactorio entre partes mediante la intervención de una tercera persona que es imparcial y que concilia desde la cultura de la paz.
Entre los delitos que pueden ser conciliados, sin la necesidad de llegar a un juicio ordinario, están los delitos patrimoniales como el hurto, el robo, estafa, estelionato, defraudación, entre otros.
“El Artículo 64 de la Ley 260 (Ley Orgánica del Ministerio Público) establece que son los delitos de contenido patrimonial o culposos, entre ellos podemos mencionar las estafas, estelionatos, hurtos, son delitos que comúnmente ingresan a conciliación”, indicó.
Esta norma también establece que no ingresan en el proceso de conciliación los casos de violencia, contra los niños, niñas, adolescentes, mujeres, de narcotráfico, además de feminicidio, vulneración de derechos constitucionales y/o se trate de reincidentes o delincuentes habituales.
Aseveró que esta entidad tiene prohibido promover procesos de conciliación en casos de violencia hacia las mujeres. La Ley 348 da la posibilidad por única vez siempre y cuando se trate de delitos que no atenten contra la vida y la integridad sexual de una mujer.
Destacó que, tras la implementación de las unidades de conciliación, se logró reducir los casos que llegan a un juicio ordinario.
Detalló que están realizando un estudio financiero sobre los gastos que eroga el Estado en el desarrollo de un juicio ordinario, pero se estima un ahorro alrededor de Bs 13.000 por cada acuerdo de conciliación.
“En los datos preliminares, tenemos alrededor de 13.000 bolivianos, es lo que invertiría el Estado en el desarrollo de un juicio ordinario (…) ser parte de un proceso conciliatorio para las partes no significaría ningún gasto, porque no se les obliga a contratar un abogado particular para que ellos desarrollen los procesos conciliatorios, es decir ellos pueden ir directamente, no necesitan pagar ni un solo centavo porque es un servicio gratuito que brinda el Ministerio Público”, indicó Miranda.
