La muerte de siete estudiantes en medio de una disputa por el poder dirigencial en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) abrió el debate sobre la autonomía universitaria, que en Bolivia se consolidó en los años 30.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, fijó la postura más clara sobre este tema y plateó una revisión entre todos los actores comprometidos.
“Es muy necesario que desde la Asamblea, desde el Ejecutivo podamos incidir en esto (…) Habría que revisar la autonomía universitaria. A título de autonomía no se puede tocar, es una vaca sagrada definitivamente las autonomías del sistema universitario. En todo el país sería importante pues una reunión tal vez con los rectores y, por supuesto, con la CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana) a ver cuán posible es que esto pueda ir mejorando”, propuso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, coincidió con este planteamiento. “El tema de autonomías tal vez se está utilizando de mala manera, eso ya lo veremos después de la investigación (del caso UPEA) y llegaremos a hacer una evaluación profunda con relación a las autonomías (porque) creemos que no solo es el tema de estudiantes, sino también el tema de docentes, personal administrativo, el manejo económico, (entonces) hay muchas (cosas) que seguramente saltarán inmediatamente después de esta investigación”, señaló.
El rector de la Universidad Técnica de Oruro, David Ismael Rojas, dijo que la autonomía universitaria no es sinónimo de libertinaje. “Primero hay que conocer la autonomía, que significa que las universidades tienen libertad de manejar sus recursos, de elegir sus autoridades y designar a su personal docente. No significa el libertinaje, no significa vandalismo. No fue una declaración atinada”, opinó.
El ex Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB, Gonzalo Taboada, dijo que una revisión de la autonomía universitaria debe pasar necesariamente por una reforma de la Constitución Política del Estado, porque en sus artículos 92 y 93 establece los derechos que tienen las casas de estudios superiores.
El artículo 92 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que “las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía” y asegura que esta condición les permite “la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades”.
