Gremiales, agropecuarios, industriales, exportadores y otros sectores confirmaron que se movilizarán el 10 de febrero exigiendo la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que establece la confiscación de productos
“Este lunes 10 de febrero se confirma la movilización a nivel nacional, nosotros estamos exigiendo la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado, ese es el principal pedido que tenemos y no se va a retroceder”, informó a la ANF el dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, César Gonzáles.
Asimismo, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, ratificó también que participarán en esa medida de protesta, además advirtió que esa disposición vulnera el derecho a la propiedad privada y se convertirá en una medida extorsiva.
“Es un artículo que va en contra de todos los derechos de la propiedad privada y que abre un abanico para que se vuelva extorsivo. Todos los sectores de la cadena productiva, la cadena de abastecimiento estamos juntos y hemos convocado a un paro movilizado para el 10 de febrero”, expresó.
Por otro lado, los representantes de los empresarios, industriales y exportadores presentaron ayer un anteproyecto de ley para derogar la disposición del conflicto que se refiere a decomisos, y explicaron que su postura de rechazo no es política.
“La diferencia en la interpretación no se debe confundir con interés o posiciones políticas, somos y seremos férreos defensores de la búsqueda del desarrollo industrial y empresarial en beneficio del país”, indicó Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
Esperan que los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados viabilicen el tratamiento de esa propuesta.
En contra parte, el Gobierno calificó como una posición extrema la decisión del presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, y sectores industriales y gremiales de no dialogar sobre la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado.
“El hecho de decir que uno no se va a sentar a la mesa de diálogo ya revela una posición extrema, y los bolivianos no resolvamos de esa manera nuestros problemas, siempre lo hemos resuelto dialogando”, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en una conferencia de prensa.
